Ciudad Juárez (Chihuahua, México).— Más de un año después de que el hallazgo de 386 cadáveres sin cremar en el Crematorio Plenitud destapara uno de los mayores escándalos funerarios recientes de México, sus consecuencias continúan llegando a los tribunales. La propietaria de la funeraria Luz Divina, María Manuela S. M., ha sido vinculada de nuevo a proceso penal, esta vez por el presunto fraude cometido contra seis familias que habían contratado servicios funerarios que, según la acusación, no llegaron a prestarse en los términos acordados.
Para entender la dimensión del procedimiento hay que remontarse al 26 de junio de 2025. Una intervención policial en el Crematorio Plenitud, situado en la colonia Granjas Polo Gamboa de Ciudad Juárez, terminó revelando cientos de cuerpos almacenados en distintas dependencias del establecimiento. El recuento definitivo se situó en 386 cadáveres. Algunos llevaban allí años y muchos correspondían a personas cuyas familias habían contratado y pagado previamente su cremación a funerarias de la ciudad.
El descubrimiento abrió una investigación no sólo sobre los responsables directos del crematorio, sino también sobre las empresas funerarias que enviaban allí los cuerpos. Ocho funerarias de Ciudad Juárez terminaron relacionadas con las investigaciones por posibles fraudes, entre ellas Luz Divina. En numerosos casos, las familias creían que sus allegados habían sido cremados y habían recibido urnas con supuestas cenizas, para descubrir posteriormente que los cuerpos permanecían todavía en Plenitud.
Es en ese contexto en el que se encuentra el nuevo procedimiento contra María Manuela S. M.
La jueza de Control Angélica Lizeth Álvarez Carreón consideró que existen elementos suficientes para que continúe el proceso por el presunto fraude sufrido por seis personas que contrataron servicios con Luz Divina. Según lo expuesto durante la audiencia, los contratos obligaban a la funeraria a encargarse de prestaciones que incluían la velación y la posterior cremación de los fallecidos.
La defensa trató de impedir la vinculación alegando, entre otras cuestiones, que dos de las víctimas no habían solicitado directamente sus facturas a la funeraria y que la propietaria no debía responder personalmente por la realización de las cremaciones. La jueza rechazó estos argumentos y entendió que la obligación asumida por la empresa no terminaba con la recepción del cadáver o la contratación de un tercero: Luz Divina debía garantizar que los servicios incluidos en el contrato se prestaran efectivamente.
El procedimiento tiene además una particularidad. La causa penal 820/2026 comenzó con veinte denunciantes. A lo largo de los últimos meses, María Manuela S. M. alcanzó acuerdos reparatorios con catorce de ellos, por lo que sus reclamaciones dejaron de formar parte del procedimiento. Los seis casos restantes son los que continúan ahora ante la justicia.
La propietaria podrá afrontar esta nueva fase en libertad y sin medidas cautelares durante los tres meses establecidos para completar la investigación. La jueza tuvo en cuenta precisamente los acuerdos alcanzados con otras víctimas y la disposición mostrada por la acusada para comparecer ante los tribunales.
No es, sin embargo, el único procedimiento abierto contra Luz Divina.
El pasado 14 de julio de 2026, María Manuela S. M. ya había sido vinculada a proceso en otra causa por el presunto fraude cometido contra ocho familias. En aquellos casos, los familiares habían contratado servicios funerarios y posteriormente supieron que los cuerpos de sus seres queridos se encontraban entre los recuperados en el Crematorio Plenitud. También entonces se permitió a la propietaria continuar el proceso en libertad.
De este modo, lo que inicialmente apareció como el escándalo de un crematorio que acumulaba cadáveres se ha convertido en una investigación mucho más amplia sobre toda la cadena funeraria que debía garantizar que esos cuerpos fueran efectivamente cremados.
El caso Plenitud puso ante las familias una realidad especialmente difícil de asumir. No se trataba únicamente de descubrir que un servicio contratado y pagado no se había realizado. Algunas tuvieron que enfrentarse, meses o incluso años después del funeral, a la noticia de que el cuerpo que creían haber despedido definitivamente continuaba almacenado en otro lugar.
Un año después, los tribunales de Ciudad Juárez siguen tratando de establecer hasta dónde llegó la responsabilidad de cada empresa y de cada persona implicada. Y el proceso contra Luz Divina plantea precisamente una de las cuestiones centrales de todo el escándalo: quién responde ante una familia cuando una funeraria cobra por una cremación, entrega el cuerpo a un tercero y esa cremación nunca llega a realizarse.