Rosa Esther Torres García vive un doloroso déjà vu desde que el cuerpo de su esposo, Javier, apareció entre los 386 cadáveres hallados en el crematorio Plenitud de la colonia Granjas Polo Gamboa. La noticia llegó como un golpe brutal cuando la Fiscalía General del Estado la contactó, sumergiéndola de nuevo en el luto de 2025. Un proceso judicial interminable agrava su sufrimiento, mientras busca justicia para su familia y otras siete víctimas de fraude en el caso 1459/2026 contra la Funeraria Latino Americana.
Un paquete funerario de 20 mil pesos que incluía la incineración que nunca se realizó es el centro de la angustia de Rosa. En aquel entonces, recibió lo que creyó eran las cenizas de Javier, las llevó a la iglesia para ser bendecidas, solo para descubrir más tarde que habían sido engañados. La espera se ha convertido en una tortura emocional, obligándola a revivir la pérdida de su esposo cada vez que el proceso se retrasa.
Al asistir a las audiencias judiciales, Rosa acompaña a su hijo con la esperanza de un cierre definitivo. Sin embargo, el sistema legal parece jugar con sus emociones. En una ocasión, el abogado de la funeraria solicitó un aplazamiento al contratar un nuevo defensor, prolongando el calvario de la familia. La decepción y el desgaste emocional son constantes en su vida.
Afuera del Instituto de Justicia Alternativa, Rosa espera una propuesta que repare el daño. «Queremos que nos paguen solo lo que es justo, lo que pagamos por la cremación», afirma, deseando que la solución llegue pronto. No busca más que el reconocimiento de un error que ha devastado su paz.
El mensaje de Rosa a las autoridades es claro: exige eficacia y justicia, no solo para su familia, sino para todas las afectadas por esta tragedia. «Es pura pérdida de tiempo, nomás nos traen dando vueltas», expresa resignada. La espera es interminable, el dolor, palpable, y la necesidad de un cierre, urgente.