En Las Palmas de Gran Canaria, la gestión de los cementerios municipales está bajo escrutinio. Canaricem, la empresa concesionaria de los camposantos, enfrenta el riesgo de pagar hasta 240,000 euros en multas por incumplimientos contractuales que podrían costarle la concesión.
Desde la firma del contrato en 1997, vigente hasta 2047, Canaricem ha estado a cargo de mantener y operar los cementerios municipales. Sin embargo, una auditoría encargada por el Ayuntamiento en 2024 ha sacado a la luz dos serias irregularidades: el desvío de servicios a una empresa vinculada y la obstrucción a la fiscalización.
El informe revela que la empresa habría desviado sistemáticamente tareas de mantenimiento a Jomavaro SA, una empresa con la que comparte administración. Este desvío no solo afecta el cálculo del canon del 5% que debe pagarse al Consistorio, sino que también implica posibles alteraciones en la contabilidad que reducen los ingresos declarados.
Además, la empresa es acusada de obstruir la fiscalización al negarse a entregar cuentas desagregadas y presentar datos contradictorios. La falta de registros de órdenes de trabajo y presupuestos alimenta las sospechas de falsedad informativa, un hecho que podría incurrir en multas de hasta 53,970.90 euros.
El deterioro en el mantenimiento de los cementerios y las inconsistencias en la información económica-financiera fueron las razones que llevaron al Ayuntamiento a encargar la auditoría. Los técnicos municipales, al analizar el informe, sostienen que las irregularidades detectadas son graves y podrían conducir a la resolución del contrato.
La empresa tiene 15 días para presentar alegaciones y pruebas en su defensa. Mientras tanto, el Ayuntamiento explora la posibilidad de resolver el contrato, lo que incluiría la incautación de una fianza de 120,202.42 euros.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de servicios públicos esenciales. Para los residentes de Las Palmas de Gran Canaria, los resultados de esta auditoría son una llamada a la vigilancia, asegurando que se salvaguarden los intereses de la comunidad y se mantenga la integridad de los espacios donde descansan sus seres queridos.
A medida que avanza el proceso, las autoridades locales y los ciudadanos observarán de cerca los desarrollos, esperando que se tomen las medidas necesarias para corregir cualquier mal manejo y restablecer la confianza en la gestión de los cementerios municipales.