Hace tres décadas, España abrió el sector funerario a la competencia, eliminando la reserva municipal que lo había protegido. Este cambio, impulsado por el Gobierno de José María Aznar en 1996, pretendía mejorar los servicios funerarios y reducir costes. Sin embargo, la cuestión de si realmente se ha abaratado el último adiós sigue sin respuesta clara.
La reforma, parte de un amplio proceso de liberalización, transformó radicalmente el sector. Antes, los servicios funerarios eran limitados y administrados localmente. Ahora, España cuenta con más de 2.500 tanatorios, 7.000 salas de velatorio y 537 crematorios, con una facturación anual de 1.716 millones de euros. El auge de los tanatorios, que concentraron todos los servicios funerarios bajo un mismo techo, cambió las costumbres. La cremación, apenas considerada hace treinta años, ahora supera en popularidad al entierro tradicional.
Asturias fue pionera en esta transformación. En 1982, Oviedo inauguró el Tanatorio Los Arenales, y poco después, Gijón abrió Cabueñes, el primer tanatorio con crematorio del principado. Este cambio no solo modernizó los rituales funerarios, sino que también profesionalizó el sector, abriendo nuevas oportunidades empresariales.
No obstante, el tema de los costes sigue siendo controvertido. Aunque la OCU estima que el coste medio de un funeral es de 3.700 euros, la cifra varía significativamente según los servicios contratados. En Asturias, los precios de los servicios básicos comienzan en 1.300 euros más IVA, pero pueden aumentar considerablemente.
El mercado funerario, aunque más liberalizado, sigue enfrentándose a barreras regulatorias locales y a la integración vertical entre aseguradoras y funerarias, lo que dificulta la competencia. A pesar de esto, grandes operadores nacionales y empresas locales continúan coexistiendo, manteniendo vivo el debate sobre los precios.
En Barcelona, un intento de establecer una funeraria pública para ofrecer servicios más asequibles no prosperó, reflejando la complejidad de intervenir en un mercado ya consolidado. Sin embargo, algunas ciudades como Madrid y Palma mantienen operadores públicos históricos.
Treinta años después, la liberalización ha cambiado cómo se despiden los muertos en España. Aunque ha aumentado la oferta y profesionalizado el sector, la pregunta sobre si este cambio ha hecho más accesible el adiós final sigue abierta.