Un escándalo sin precedentes ha sacudido el sector funerario en España, conocido como el ‘caso ataúdes’. En el centro de la tormenta, 23 personas enfrentan cargos por su presunta participación en un esquema de fraude que involucra el reciclaje de ataúdes y arreglos florales en el grupo El Salvador-Funeraria Castellana. Desde 1995 hasta 2015, estas prácticas habrían permitido a los acusados obtener beneficios ilícitos significativos.
El fiscal y las acusaciones particulares han presentado lo que describen como pruebas «contundentes y aplastantes» para exigir condenas severas. Las penas solicitadas suman alrededor de 170 años de prisión, con sanciones de hasta 20 años para los hijos del fallecido magnate funerario. Mientras tanto, la viuda y una de sus hijas enfrentan penas reducidas de 12 años, tras excluirse algunos delitos.
La evidencia central del caso proviene de un extenso archivo recopilado por Justo M.G., un ex empleado que documentó durante dos décadas las prácticas irregulares de la empresa. Fotografías, libretas y dispositivos de almacenamiento digital revelan un patrón inquietante: ataúdes que ingresaban a un horno en Valladolid, pero eran registrados como incinerados en un cementerio distante. Según el fiscal, Justo M.G. no actuaba solo, sino que formaba parte de una práctica conocida y tolerada por toda la plantilla.
A pesar de la prueba aparentemente irrefutable, las defensas insisten en la inocencia de los acusados, argumentando que Justo M.G. podría haber actuado solo. Sin embargo, el fiscal desmonta esta hipótesis, señalando que la magnitud de la operación no podría haberse llevado a cabo sin la participación concertada de múltiples individuos.
La trama no solo se reduce a la substitución de féretros. También incluye la emisión de facturas falsas para ocultar la discrepancia entre los ataúdes comprados y los realmente vendidos. El fiscal sostiene que esta práctica generó un descuadre de más de 4.500 ataúdes, lo que refuerza la tesis de reutilización masiva.
A lo largo del juicio, se han presentado testimonios de 170 testigos que respaldan las acusaciones. Muchos aseguran que no se les permitió presenciar las cremaciones, y otros han identificado, a través de fotografías, que los ataúdes utilizados no coincidían con los contratados.
Este caso ha puesto de manifiesto las grietas en la regulación del sector funerario y plantea preguntas sobre cómo se supervisan y gestionan las prácticas funerarias en España. El veredicto final no solo afectará a los acusados, sino que también podría tener implicaciones significativas para la industria funeraria en su conjunto.