La Unión Europea (UE) está “fraguando” la llamada ley de “Prominencia”, un término elegante para una idea bastante más discutible: decidir qué contenidos de internet deben aparecer arriba y cuáles quedar enterrados. En la práctica, se trata de intervenir en la jerarquía de visibilidad, es decir, bajo el pretexto del “interés general”, la norma obligará a las plataformas como YouTube y Google a favorecer a los medios tradicionales —la mayoría subvencionados— por encima de los creadores independientes, limitando su alcance y alterando sus resultados de búsqueda. La medida está diseñada para redistribuir la audiencia desde arriba, condicionando qué voces llegan más lejos y cuáles se diluyen en el ruido digital.
La pregunta clave es incómoda: ¿quién decidirá qué aparece primero en tu pantalla? Hasta ahora, esa función recae principalmente en los algoritmos que reflejan el comportamiento de los usuarios. Con esta norma, sin embargo, serán los gobiernos quienes determinen qué medios y contenidos ocupan las primeras posiciones al margen de las preferencias reales del público.
El argumento oficial apela a la lucha contra la “desinformación”, pero el mecanismo es inquietante. El Estado pasaría a elegir ganadores y perdedores; situaría a unos en posiciones destacadas —aunque no cuenten con el respaldo de la audiencia— y relegaría a otros con más reproducciones y seguidores. Más que una defensa contra la “desinformación”, suena a intervención espuria para proteger intereses propios y desactivar voces incómodas. Una vez más la UE ha legislado en contra de los ciudadanos europeos atacando la libertad de información.
El algoritmo como herramienta política
La ley de “Prominencia” se vende como un ajuste técnico, pero afecta el núcleo del ecosistema digital, la distribución de la atención. Hoy, gran parte del consumo informativo llega a través de buscadores, redes sociales y plataformas de vídeos. Alterar el orden no es un detalle menor, redefine quién obtiene mayores ingresos, influencia y relevancia.
Aquí está la trampa, se presenta como una defensa de la pluralidad cuando se pretende conseguir todo lo contrario. Cuando el poder decide qué es “relevante”, la línea entre proteger al ciudadano y dirigirlo se vuelve peligrosamente difusa.
Detrás de esta norma europea se esconde una realidad incómoda: los hábitos de consumo de información han cambiado. Las nuevas generaciones ya no se informan principalmente a través de la televisión ni de medios digitales subvencionados; prefieren creadores de contenido, formatos directos, vídeos breves y análisis independientes. Este cambio ha debilitado de forma evidente el poder de los medios tradicionales. En este contexto, la ley de “Prominencia” puede interpretarse como un intento de revertir por decreto un cambio cultural e ideológico de gran parte de la juventud hacia posturas más conservadoras, tanto en España como a nivel internacional.
Incentivos perversos de la ley
La norma se apoya en conceptos vagos como “calidad”, “interés general” o “servicio público”. Términos lo suficientemente elásticos como para justificar cualquier decisión. El resultado podría ser un ecosistema en el que importe más ajustarse a criterios políticos que competir por la atención del público. En plataformas de vídeo, perder visibilidad no es un detalle: una caída moderada en posicionamiento puede traducirse en desplomes de audiencia de hasta un 25%. Para muchos creadores, eso no es un ajuste… es un golpe directo a su supervivencia.
Plataformas forzadas a “corregir” la realidad
Google y YouTube ya viven en el delicado equilibrio entre dar prioridad a la automatización o corregir los datos. Esta norma empuja a las plataformas definitivamente hacia lo segundo; tendrán que decidir qué fuentes son las “legítimas”, las que facilitan los algoritmos o las que vengan marcadas por el gobierno. Conviene recordar que una vez que estas plataformas acepten que el ranking responde a criterios políticos, el debate deja de ser técnico. Lo que hoy se presenta como una medida para combatir la desinformación podría, mañana, ampararse en conceptos como “estabilidad”, “seguridad” o “interés nacional”, términos los suficientemente ambiguos como para legitimar un mayor control.
Impacto de la “Prominencia” en creadores y audiencia
Para los creadores de contenidos, esta ley funcionaría como un impuesto silencioso. No desaparecerán, pero será más difícil encontrarlos. Más esfuerzo, menos visibilidad y, en consecuencia, menos ingresos. Para la audiencia, el impacto es más sutil, aunque igualmente relevante. Ahí reside el principal problema: un debate público cada vez más uniforme, donde la diversidad existe en teoría, pero no en la práctica. La “Prominencia”, más que una protección, podría convertirse en un riesgo tangible, ya que supone dejar en manos del poder político la decisión sobre qué contenidos vemos y cuáles quedan relegados. Esto tendría efectos directos sobre la pluralidad informativa y provocaría, además, un debilitamiento del pensamiento crítico y de la capacidad de cuestionamiento de la ciudadanía.
AUTOR: Roberto Durán Fuguet / MAIL: rdurandf971@gmail.com