En los hospitales públicos de Guayaquil, una sombra se cierne sobre los momentos más dolorosos de las familias: la muerte de un ser querido. Lo que debería ser un proceso de despedida íntima y respetuosa se ha transformado en un oscuro negocio, donde las presiones y amenazas para contratar servicios funerarios específicos son una realidad, según denuncias de familiares y trabajadores del sector.
Luis, un ciudadano de Manabí que ha vivido en Guayaquil por más de tres décadas, experimentó este siniestro sistema en diciembre de 2025, cuando perdió a su esposa, la madre de sus dos hijos. Apenas había recibido la devastadora noticia de su fallecimiento cuando una llamada interrumpió su duelo: «Señor, le ofrecemos el servicio funerario para su esposa», le dijeron sin titubeos. Luis, aún en shock, no solo tuvo que lidiar con el dolor de la pérdida sino también con la insistencia de aceptar un servicio que no había solicitado.
Las historias como la de Luis no son aisladas. Varios testimonios recogidos por EXTRA revelan un patrón de intimidación y cobros ilegales. Familias en duelo son acosadas con llamadas y advertencias, mientras que funerarias externas al hospital son seguidas y extorsionadas. No es solo una cuestión de libre elección; es un ataque al derecho a despedirse en paz.
Germán, un propietario de funeraria en Guayaquil, expone cómo estas prácticas han generado un clima de miedo en el sector. Desde 2021, las presiones han aumentado, con funerarias externas bajo constante vigilancia al retirar cuerpos de los hospitales. «Nos siguen, nos fotografían y luego llegan las amenazas», relata. Según Germán, hay pagos de hasta 500 dólares exigidos para permitir el retiro de un cuerpo, una situación que pone en riesgo a trabajadores y familiares por igual.
María José Agusto Álvarez, experta en políticas públicas, advierte que esta problemática es solo la punta del iceberg de una falla estructural en el sistema sanitario ecuatoriano. La debilidad en los mecanismos de control ha permitido la infiltración de redes informales que lucran con el dolor ajeno.
Frente a estas denuncias, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, centro de muchas de estas acusaciones, asegura no haber recibido denuncias formales. Sin embargo, la realidad contada por los afectados pinta un cuadro muy diferente.
Es urgente que las autoridades intervengan para restaurar la dignidad y el respeto en los momentos finales de la vida de las personas. No se puede permitir que la muerte se convierta en un mercado manejado por el miedo y la coacción. Las familias merecen despedir a sus seres queridos sin presiones ni imposiciones.
El llamado a la acción es claro: reforzar la seguridad y garantizar la libre elección de servicios funerarios en los hospitales públicos de Guayaquil. Porque en el umbral de la muerte, lo último que debería preocuparnos es quién lucrará con nuestro dolor.