En Valladolid, el sector funerario se ha visto obligado a replantearse sus procedimientos tras el impactante caso de los ataúdes en 2017. Esta polémica surgió cuando la Policía Nacional desmanteló una operación de reventa de féretros en la Agencia Funeraria Castellana, lo que condujo a la detención de una veintena de personas. Este escándalo no solo sacudió la confianza en las funerarias locales, sino que también reveló prácticas cuestionables en la gestión de las cenizas.
El juicio, que actualmente se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Valladolid, ha puesto de relieve las contradicciones entre las familias afectadas y la empresa acusada. Un ejemplo de ello es el testimonio de un familiar que asegura haber recogido las cenizas de su padre en 1997, mientras que la funeraria sostiene que los restos aún se encuentran bajo su custodia. La falta de pruebas concluyentes, debido a que las cenizas no contienen ADN, deja este asunto en un limbo legal difícil de resolver.
Este caso ha propiciado la creación de la Asociación Vallisoletana de Empresas de Servicios Funerarios (AVASEF) en 2019. Esta asociación busca restaurar la confianza en el sector mediante un código de buenas prácticas que enfatiza la trazabilidad de las cenizas. Una de sus innovaciones es la incorporación de una piedra ignífuga numerada junto a las cenizas, garantizando así su identificación inalterable.
Florencio Vaquero, presidente de AVASEF, explica que aunque la ley solo exige un libro de registro de incineraciones, muchas funerarias han adoptado medidas adicionales para asegurar la transparencia. Por ejemplo, el registro incluye detalles sobre quién recoge las cenizas, aunque no es un requisito legal. Sin embargo, la aplicación de estos protocolos varía entre funerarias, ya que no existe una regulación uniforme sobre la permanencia de las cenizas en los depósitos.
Cada empresa maneja sus tiempos y procedimientos, notificando periódicamente a las familias sobre la necesidad de recoger las cenizas. Si no se retiran en el plazo estipulado, se procede a su eliminación documentada, avisando formalmente a los familiares. Esta práctica busca evitar el almacenamiento innecesario y la acumulación de restos en los tanatorios.
El caso de Valladolid resalta la necesidad de una mayor regulación en el sector funerario. Mientras tanto, las funerarias locales se esfuerzan por mejorar sus procedimientos internos para evitar futuros escándalos y proteger la dignidad de los fallecidos y sus familias.