En un esfuerzo por adaptarse a los tiempos y reforzar la salud pública, la Generalitat Valenciana ha decidido modernizar su normativa funeraria, vigente desde 2005. El nuevo decreto, que se encuentra en fase de información pública, trae consigo cambios significativos destinados a regular de manera más eficiente y segura el sector funerario en la región. Esta actualización responde a una evolución notable en las prácticas funerarias, marcada por la generalización de los tanatorios y el aumento de las cremaciones.
La Conselleria de Sanidad ha trabajado en un borrador que busca introducir criterios homogéneos para asegurar prácticas higiénicas adecuadas, desde el tratamiento hasta el destino final de los cadáveres. El objetivo es garantizar una gestión segura de los cuerpos y restos humanos, adaptándose a los avances tecnológicos y cambios medioambientales que han surgido en las últimas dos décadas.
Entre las novedades más destacadas, el decreto propone una regulación más detallada sobre los plazos y métodos de conservación de los cadáveres. Generalmente, el entierro o cremación deberá realizarse dentro de las 48 horas posteriores al fallecimiento. Si este plazo se supera, será necesario aplicar métodos de conservación como la refrigeración, embalsamamiento o congelación. La refrigeración podrá extenderse hasta 72 horas y la congelación hasta 21 días, mientras que el embalsamamiento permitirá un plazo de hasta tres semanas.
El texto también aborda las condiciones técnicas para aplicar procedimientos como la tanatopraxia, que busca mejorar la apariencia del cuerpo durante el velatorio. Estas prácticas deberán ser realizadas por profesionales cualificados en instalaciones técnicamente adecuadas.
Por otro lado, el decreto establece nuevas condiciones para cementerios, tanatorios y crematorios. Los crematorios deberán cumplir con requisitos técnicos para minimizar el impacto ambiental y controlar las emisiones durante la incineración. Las instalaciones funerarias deberán contar con suficientes cámaras frigoríficas y separar claramente las áreas destinadas al público de las de tratamiento y manipulación del cuerpo.
Además, el decreto clarifica las competencias entre la Generalitat y los ayuntamientos. Mientras la administración autonómica se encargará de la autorización sanitaria y el control en casos de riesgo para la salud pública, los ayuntamientos gestionarán los cementerios y autorizarán tanatorios o crematorios en sus jurisdicciones.
Con esta actualización, la Generalitat Valenciana no solo busca proteger la salud pública, sino también ofrecer un servicio funerario que esté en sintonía con las necesidades y expectativas actuales de la sociedad. La modernización de estas normas refleja un compromiso con la seguridad, la eficiencia y el respeto en un sector que, aunque delicado, es esencial para la comunidad.