En el corazón de Zaragoza, el Cementerio de Torrero se encuentra en el epicentro de un debate que ha resonado en el ámbito funerario durante semanas. Lo que comenzó como una queja de una treintena de funerarias se ha transformado en un acuerdo inusual entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, Mémora, que gestiona el tanatorio local. Este lunes, Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del consistorio zaragozano, anunció en una comisión municipal que dos de las tarifas más polémicas serían revisadas, un gesto que pone de manifiesto la colaboración entre las partes implicadas para resolver tensiones en el sector.
La historia comenzó cuando, a raíz de la nueva concesión del servicio, las funerarias alzaron sus voces ante lo que consideraban incrementos abusivos en las tarifas. Una de las tarifas más criticadas fue la del uso de la sala de ceremonias en horario especial, que estaba prevista aumentar de 132 euros en 2025 a 250 euros con el nuevo contrato. La presión ejercida por las pequeñas funerarias culminó en la eliminación de esta tarifa para 2026. Asimismo, se decidió mantener sin cambios el precio de la sala de despedidas, que permanecerá en 41,08 euros, evitando así el aumento propuesto a 120 euros.
Víctor Serrano defendió que, a pesar de los ajustes, las tarifas del tanatorio de Torrero siguen siendo competitivas, situándose por debajo de la media nacional y de otros dos tanatorios de Zaragoza. Sin embargo, no todas las demandas de las funerarias fueron satisfechas. El grupo municipal socialista transmitió la petición de acceso a las salas de adecuación de cuerpos, algo que las empresas funerarias solían hacer antes de la nueva adjudicación. Serrano aclaró que la normativa sanitaria actual solo permite el acceso a personal autorizado, manteniendo la imposibilidad de cambiar esta regulación.
Esta controversia tiene sus raíces en un cambio significativo en la gestión del tanatorio. Anteriormente, el servicio estaba gestionado por una unión temporal de empresas, pero el nuevo contrato fue adjudicado a Mémora. Este cambio provocó que unas treinta funerarias denunciaran ante el Tribunal de la Competencia de Aragón, argumentando que las nuevas condiciones contractuales limitaban su actividad. Algunas de estas empresas consideran llevar su reclamación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en busca de una solución más amplia y equitativa.
Los cambios en las tarifas del Tanatorio de Torrero no solo responden a la presión del sector funerario, sino también a la necesidad de adaptarse a los actuales requisitos sanitarios. Las normativas sobre la manipulación de cuerpos son estrictas y la gestión del tanatorio ha tenido que ajustarse a estas exigencias. Este episodio pone de relieve la complejidad de equilibrar intereses económicos, regulatorios y de servicio en un ámbito tan sensible como el funerario.
La historia del Tanatorio de Torrero es un recordatorio de cómo las decisiones administrativas pueden generar un impacto significativo en las dinámicas de negocio locales, especialmente en un sector tan particular y delicado. El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente, no solo para Zaragoza, sino para otras ciudades que enfrentan desafíos similares en la gestión de sus servicios funerarios. Solo el tiempo dirá si las medidas adoptadas lograrán satisfacer a todas las partes involucradas y si servirán de modelo para futuras negociaciones en el sector.