A raíz del artículo publicado el pasado 6 de marzo en El Funerario Digital bajo el título “Controversia en Reus: FuneCamp bajo el escrutinio público”, la empresa pública FuneCamp Serveis Funeraris Municipals, S.A. ha remitido un comunicado en el que expone su posición sobre las cuestiones planteadas en dicha información.
A continuación, se reproduce de forma íntegra y literal el comunicado facilitado por la entidad, con el fin de trasladar su versión y valoración de los hechos mencionados en el citado artículo.
Inicio del comunicado:
FuneCamp reivindica el modelo público funerario como garantía de transparencia y calidad en el servicio
Los servicios funerarios son una prestación esencial para la ciudadanía, pues acompañan a las familias en uno de los momentos más sensibles de la vida. En los últimos años, el sector ha experimentado transformaciones significativas orientadas a reforzar la transparencia, elevar la calidad del servicio y garantizar una mayor protección a las familias. En este contexto, los municipios de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí han impulsado la creación de FuneCamp Serveis Funeraris Municipals, S.A., una empresa pública supramunicipal concebida para ofrecer servicios funerarios profesionales, transparentes y accesibles.
Este modelo responde a una tendencia creciente en distintas ciudades españolas: reforzar la presencia pública en un sector esencial para asegurar estándares de calidad, claridad en la información económica y plena libertad de elección para las familias.
Con 40 años de experiencia acumulada a través de la trayectoria de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, FuneCamp se ha consolidado como un proyecto pionero de cooperación supramunicipal en el Camp de Tarragona y uno de los primeros modelos de servicio funerario público de ámbito metropolitano en Cataluña y en el conjunto del Estado.
Desde su puesta en marcha, y pese a la buena acogida por parte de las poblaciones beneficiarias, el proyecto no ha estado exento de resistencias por parte de determinados intereses que han percibido la aparición de un operador público como una amenaza a su posición en el mercado.
En este sentido, varias de las afirmaciones recogidas en el artículo “Controversia en Reus: FuneCamp bajo el escrutinio público” se formulan en términos genéricos o sin la aportación de datos verificables, lo que imposibilita su contraste, puede inducir a interpretaciones que no se corresponden con la realidad del funcionamiento del servicio y, en definitiva, perjudica la tranquilidad de los posibles usuarios y de la población en general.
Respecto a las insinuaciones relativas a un supuesto caso de mala praxis sobre un difunto, la empresa ha llevado a cabo las correspondientes comprobaciones internas sin que se haya detectado actuación irregular alguna. Las incisiones mencionadas en la información corresponden, en su caso, a intervenciones propias de técnicas de acondicionamiento tanatopractico, avaladas por el colectivo profesional, reguladas y habituales en la práctica funeraria. Asimismo, la solicitud de información por parte del Ministerio Fiscal responde a la denuncia presentada por el citado concejal y no implica la constatación de irregularidad.
Tampoco se ajusta a la realidad la afirmación relativa a las tarifas. Los tarifas aplicadas por FuneCamp no han experimentado incrementos extraordinarios respecto de los existentes anteriormente, limitándose a aplicar las actualizaciones ordinarias correspondientes dentro de la evolución del índice de precios al consumo correspondiente. Por otro lado, tampoco es cierto que los precios de FuneCamp sean superiores a los del mercado privado. De hecho, uno de los objetivos fundacionales de la sociedad pública es precisamente garantizar la existencia de una alternativa competitiva en precio y transparente en su estructura de costes, contribuyendo a equilibrar un mercado que históricamente ha presentado importantes niveles de concentración.
Conviene recordar, además, que el sector funerario en España es un mercado plenamente liberalizado en el que cualquier empresa autorizada puede prestar servicios. Las familias mantienen en todo momento plena libertad para elegir el operador funerario que consideren oportuno y la existencia de un operador público añade una opción más para la familia.
Finalmente, cabe resaltar que FuneCamp es una sociedad pública sometida a los mecanismos de control, fiscalización y transparencia propios del sector público. Su actividad se desarrolla conforme al marco normativo vigente y bajo la supervisión de las instituciones públicas que integran su accionariado. Todo ello para asegurar la mejor atención posible en un momento tan trascendental para las familias.
Fin del comunicado.
La publicación de este comunicado responde al principio de ofrecer a los lectores todas las versiones implicadas. No obstante, el contenido del mismo deja entrever algunas de las tensiones que han acompañado al despliegue del modelo funerario público en el Camp de Tarragona, así como el clima de controversia que rodea a la empresa desde su creación. En cualquier caso, corresponderá a los lectores y a las instituciones competentes valorar el alcance de las explicaciones ofrecidas y contrastarlas con los hechos que han ido trascendiendo en las últimas semanas.