“Nunca podremos conocer la cifra real de las muertes por covid-19 que se produjeron durante la pandemia”. Esta afirmación fue realizada por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, durante la cuarta edición del Congreso de Virología, que se celebró en la Universidad de Valencia los días 19 y 20 de febrero. Lejos de cerrar heridas, sus palabras vuelven a abrirlas.
Durante años se presentaron cifras oficiales como si fueran incuestionables. Hoy, sin embargo, se admite que podrían estar muy lejos de la realidad. La Organización Mundial de la Salud situó en más de siete millones las muertes en todo el mundo hasta finales de 2024. Pero el propio Simón ha señalado que la cifra real podría duplicar o incluso triplicar ese dato, alcanzando entre 14 y 21 millones. Incluso Naciones Unidas estimó que, solo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, murieron cerca de 15 millones de personas. Un dato más.
El argumento sustentado en la dificultad que supone “registrar y notificar las muertes en muchos países” ya no basta para justificar una brecha de tal magnitud. Las cifras cambian, las estimaciones se revisan y la horquilla no deja de ampliarse. Lo que permanece es una sensación inquietante: si los datos eran provisionales, ¿por qué se presentaron como definitivos? ¿Qué se nos contó realmente? ¿Llegaremos algún día a conocer la dimensión real de la tragedia?
Las muertes reales y muertes reconocidas en España
En España, la confusión fue aún más evidente. El Ministerio de Sanidad, dirigido entonces por Salvador Illa —actual presidente de la Generalitat de Cataluña— cifró en torno a 121.880 los fallecidos que habían dado positivo en una prueba oficial (PCR o test de antígenos en España). Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística documentó, solo entre 2020 y 2021, más de 114.000 muertes atribuidas directamente a la covid-19, y el total de fallecidos en ese periodo superó las 160.000 personas. Algunas estimaciones elevan la cifra hasta 231.014 si se incluyen patologías agravadas por la infección. Por su parte, el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III registró en 2020 un exceso de 70.703 fallecimientos, un dato muy superior al que se comunicó oficialmente en aquel momento. La diferencia entre unas cifras y otras no es menor: hablamos de decenas de miles de personas. Y, pese a ello, durante meses se defendieron datos que hoy sabemos que no reflejaban con exactitud la magnitud real de lo ocurrido.
Mensajes oficiales y cambios de criterio
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez sostuvo que el estado de alarma permitió salvar 450.000 vidas, apoyándose en estudios y proyecciones estadísticas que fueron revisándose con el tiempo y, con ello, perdiendo credibilidad. Eran estimaciones difíciles de contrastar y basadas en modelos cambiantes. Además, los criterios para contabilizar contagios y fallecimientos se modificaron en distintas fases de la pandemia, lo que generó desconcierto tanto entre la ciudadanía como entre las comunidades autónomas.
En paralelo, Fernando Simón transmitió en diversas ocasiones mensajes de tranquilidad que, con el paso del tiempo, se revelaron excesivamente optimistas. Llegó a hablar de un “impacto marginal” del virus en España, incluso ante la expansión de la variante británica. También reconoció que, ante la escasez mundial de mascarillas, se optó por desaconsejar su uso “por prudencia”. El resultado fue una sucesión de rectificaciones, cambios de criterio y mensajes contradictorios que erosionaron la confianza pública en un momento en el que la claridad y la transparencia eran más necesarias que nunca.
Una herida abierta en el sector funerario
Más allá de los errores —inevitables o no— propios de una crisis sin precedentes, cuesta aceptar la sensación de opacidad que rodeó al sector funerario. Da la impresión de que se asumió sin cuestionamiento el relato oficial para respaldar las cifras del Gobierno, pese a que eran precisamente las empresas funerarias quienes disponían de datos reales y diarios que podían haber ayudado a dimensionar con mayor exactitud la magnitud de las muertes. El sector apoyó unas cifras que se presentaron como definitivas. Sin embargo, hoy sabemos que el número de fallecidos fue mayor. PANASEF dio por válidos y difundió los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a pesar de que el propio sector manejaba información directa y actualizada sobre el impacto real de la pandemia. Las cerca de 1.100 empresas funerarias, públicas y privadas, contaban con registros inmediatos de los servicios realizados cada día. Resulta razonable pensar que conocían de primera mano el volumen real de fallecimientos. Aun así, optaron por respaldar las cifras oficiales en lugar de contrastarlas públicamente, aunque para muchos ya resultaban, como mínimo, cuestionables.
No se trata solo de estadísticas. Se trata de confianza. Cuando las cifras cambian, cuando las explicaciones llegan tarde —o no llegan— y cuando se admite que la verdad completa quizá nunca se conocerá, la duda es inevitable: ¿se gestionó mal la información o el sector funerario lo ocultó deliberadamente?
La pandemia dejó dolor y pérdidas irreparables. Pero también dejó una profunda desconfianza hacia el sector funerario, que no se disipará mientras no exista una respuesta clara a una pregunta básica: ¿cuántas personas murieron realmente: 160.000, más de 260.000… o una cifra aún mayor?
Lo que ya sabemos es que los datos oficiales no reflejaban toda la realidad. Y el sector funerario, con toda probabilidad, dispone de más información de la que se hizo pública.
AUTOR: Roberto Durán Fuguet / MAIL: rdurandf971@gmail.com