Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en el centro de una polémica tras revelarse los resultados de una auditoría encargada por el Ayuntamiento sobre la gestión de los cementerios municipales. El informe pone en tela de juicio la transparencia de Canaricem, la empresa concesionaria, acusándola de manipular sus cuentas para obtener beneficios no justificados.
Según el documento, la concesionaria habría alterado el equilibrio económico-financiero de manera consciente, inflando las cuentas de empresas vinculadas y subdeclarando ingresos, especialmente en la venta de flores. Los auditores encontraron que los márgenes de ganancia en este sector eran inverosímiles, lo que sugiere una posible manipulación de datos.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, expresó su preocupación por la situación de los cementerios de la capital y solicitó más documentación a la empresa, destacando que inicialmente no se había entregado toda la información requerida. La auditoría también destaca un posible encubrimiento de sobrecostes a través de subcontrataciones, especialmente en temas de jardinería y mantenimiento.
En el ámbito de la venta de flores, los datos revelan que los ingresos reportados por Canaricem no se corresponden con los márgenes comerciales típicos, lo que indica una posible subdeclaración de ingresos. Además, el informe cuestiona la veracidad de los datos de personal involucrado en esta actividad, sugiriendo que podrían ser incompletos.
Otra parte del informe se centra en la relación entre Canaricem y la empresa subcontratada Jomavaro, con la que comparte administrador. Esta vinculación plantea sospechas sobre una posible facturación cruzada entre ambas entidades. Los auditores advierten de una opacidad contable y piden inspecciones técnicas para verificar la ejecución real de las obras atribuidas a Jomavaro.
Ante estas revelaciones, el Ayuntamiento considera la posibilidad de imponer sanciones a la concesionaria, que podrían incluir la apertura de un expediente sancionador o incluso la resolución del contrato. Las autoridades locales buscan garantizar una gestión transparente y adecuada de los cementerios, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficaz y ética.
Este escándalo ha generado un intenso debate sobre la gestión de los servicios públicos y la necesidad de una supervisión más estricta para evitar posibles irregularidades en el futuro.