La Comisión Galega da Competencia ha iniciado una investigación sobre posibles prácticas colusorias en el sector funerario, centrándose en un concurso público para el transporte de cadáveres y servicios logísticos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). El concurso, convocado por la Consellería de Presidencia e Xustiza en abril de 2024, fue dividido en 11 lotes según áreas geográficas. Sin embargo, las ofertas presentadas en tres de estos lotes, correspondientes a Vigo, Santiago y Pontevedra, han levantado sospechas al ser realizadas por uniones temporales de empresas (UTE) formadas por funerarias que podrían competir por separado.
La mesa de contratación del concurso identificó esta situación al observar que al lote de Santiago se presentó una única UTE compuesta por Pompas Fúnebres del Noroeste SA, Funeraria Casablanca SL y Cardelle-Vazrey SL. De manera similar, en los lotes de Vigo y Pontevedra, la oferta fue realizada por otra UTE que incluía a Pompas Fúnebres Atlántico SA, Sepelios San Marcos SLU, Pompas Fúnebres Arosa SL y Pompas Fúnebres Santa Tegra SL. La mesa decidió suspender cautelarmente estos lotes y remitió el caso a la Comisión de Competencia, que emitió un informe preliminar en junio de 2024 sugiriendo la existencia de prácticas colusorias.
Las empresas involucradas argumentaron que la formación de las UTE fue una decisión estratégica para garantizar la eficiencia y sostenibilidad económica del servicio. A pesar de ello, la mesa de contratación adjudicó los contratos a las UTE en agosto de 2024, mientras la Comisión de Competencia continuaba su investigación. En octubre de ese mismo año, la investigación se dividió en dos expedientes para analizar individualmente las acciones de cada grupo de UTE, buscando preservar la confidencialidad de la documentación relacionada con datos sensibles y personales de personas fallecidas.
Este escrutinio sobre el sector funerario no es nuevo. Hace dos años, Sepelios San Marcos, una de las empresas actualmente bajo investigación, fue multada con 83,000 euros por prácticas anticompetitivas, una sanción que fue ratificada por la justicia. La atención sobre este sector, considerado un «servicio esencial», se debe a la importancia de mantener la competencia justa en servicios tan críticos para la comunidad.
Los contratos en cuestión incluyen servicios como el transporte de cadáveres, el uso de salas para autopsias y cámaras frigoríficas, con tarifas máximas establecidas para cada servicio. La preocupación de las autoridades es que estas prácticas colusorias podrían incrementar los costos para el Estado y limitar la competencia, afectando así la calidad del servicio.
Competencia ha reafirmado su decisión de continuar con las dos investigaciones paralelas a pesar de las protestas de algunas empresas implicadas, subrayando la importancia de analizar cada caso de manera independiente para asegurar un proceso justo y detallado. El objetivo final es garantizar que el sector funerario opere bajo las normas de competencia leal, protegiendo así los intereses tanto del Estado como de los ciudadanos.