En Las Palmas de Gran Canaria, la gestión de los cementerios municipales ha pasado de ser un tema administrativo a un foco de atención pública. El concejal de Patrimonio, Francisco Hernández Spínola, ha revelado las preocupantes conclusiones de un informe externo que examina la situación de los cementerios gestionados por la concesionaria Canaricem. Los hallazgos sugieren un incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales, lo que podría llevar a sanciones significativas.
Este informe, encargado hace un año, ha sacado a la luz una serie de irregularidades que afectan desde la opacidad contable hasta el deterioro de las instalaciones. Según Spínola, Canaricem no ha cumplido con diversas cláusulas del contrato firmado en 1997, que estipula una gestión de 50 años. Entre las fallas se encuentra la falta de inversiones prometidas, como la construcción de un crematorio municipal, y una preocupante reducción en el personal a favor de subcontrataciones no autorizadas.
La respuesta del Ayuntamiento ha sido clara: han vuelto a requerir a Canaricem la documentación necesaria para esclarecer estos puntos. Spínola ha advertido que, de no recibir una respuesta completa, se iniciará una «fase de penalidades» que podría incluir desde la apertura de un expediente sancionador hasta la rescisión del contrato. La situación es crítica, y el gobierno municipal ha dejado claro que la mejora de los cementerios es una prioridad ineludible.
El informe también destaca la alteración del equilibrio económico-financiero del contrato, con una reducción en los costes de personal y plusvalías no justificadas. Además, cuestiona la aplicación de una tasa de mantenimiento, considerando la ausencia efectiva de mantenimiento en las instalaciones. El estado de los cementerios, con nichos deteriorados y problemas de accesibilidad, ha sido señalado por el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, como un indicativo de la gravedad del problema.
En respuesta a estos hallazgos, el concejal de Patrimonio ha planteado varias medidas, desde la revisión de las cuentas hasta la posible anulación de la tasa de mantenimiento. La auditoría ya contempla la posibilidad de sanciones, y no se descarta la rescisión del contrato si los incumplimientos persisten.
Este conflicto no solo afecta a Canaricem, sino que también tiene implicaciones para la comunidad de Las Palmas, que depende de estos servicios esenciales. La gestión adecuada de los cementerios es fundamental no solo por razones prácticas, sino también por el respeto y la dignidad que merecen los difuntos y sus familias.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la situación de los cementerios de Las Palmas sigue siendo un tema de gran interés público. El gobierno local está bajo presión para garantizar que los servicios funerarios se gestionen de manera eficiente, transparente y en cumplimiento con las obligaciones contractuales. El resultado de este proceso podría sentar un precedente importante para la gestión de servicios públicos en la región.