En medio de una disputa legal que podría sentar precedentes en el sector funerario de Cataluña, la funeraria supramunicipal FuneCamp se encuentra en el ojo del huracán. La reciente decisión del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona ha anulado los acuerdos que permitieron su constitución, tras un recurso presentado por las funerarias privadas Mémora, FuneConca y Servicios Funerarios Pedrola Montbrió. Sin embargo, FuneCamp no se da por vencida y ha anunciado su intención de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La sentencia, que aún no es definitiva, ha llevado a FuneCamp a reafirmar su compromiso con un modelo de servicio funerario público, transparente y socialmente responsable. Desde su creación en junio de 2025, FuneCamp ha operado en los municipios de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí, con tarifas reducidas en comparación con el sector privado. A pesar de la incertidumbre legal, la funeraria supramunicipal mantiene su actividad, respaldada por informes técnicos y económicos que avalan su viabilidad.
El conflicto central radica en las acusaciones del sector privado, que considera que FuneCamp representa una competencia desleal y un desafío a la estabilidad financiera del sector. Estas empresas privadas argumentan que la funeraria pública podría tener un impacto sin precedentes en el mercado, cuestionando especialmente la memoria justificativa del proyecto.
Sin embargo, la decisión del TSJC de no aplicar medidas cautelares ha permitido a FuneCamp continuar su operación. El tribunal identificó contradicciones en los argumentos del sector privado y consideró que cualquier perjuicio económico podría ser reparable. Esta decisión ha sido vista por FuneCamp como un respaldo a su modelo de negocio, que busca poner a las personas en el centro de su servicio en momentos delicados.
La cuestión de la legalidad y viabilidad del proyecto de FuneCamp sigue siendo un tema de debate. La funeraria pública insiste en que su modelo está diseñado para beneficiar al interés general, alejándose de la mentalidad de ganancia empresarial. Mientras tanto, otros municipios como Alcover y Castellvell del Camp han iniciado los trámites para unirse a esta iniciativa supramunicipal, lo que sugiere un apoyo creciente a la idea de un servicio funerario público.
El desenlace de este conflicto podría tener implicaciones significativas para el futuro de los servicios funerarios en Cataluña y más allá. Mientras el sector privado lucha por proteger su cuota de mercado, FuneCamp defiende un modelo que prioriza la accesibilidad y la responsabilidad social. La última palabra podría llegar hasta el Tribunal Supremo si la disputa continúa escalando.
En este contexto, las familias de los municipios involucrados observan con atención, conscientes de que el resultado afectará cómo se gestionan los momentos más sensibles de la vida. La batalla legal por FuneCamp es más que una disputa sobre servicios funerarios; es un reflejo de las tensiones entre lo público y lo privado, y de cómo los servicios esenciales deben ser gestionados en beneficio de todos.