El proyecto de FuneCamp, una funeraria pública creada por los municipios de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí, se encuentra en una situación incierta tras una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Tarragona. La resolución judicial, que ha dado la razón a varias funerarias privadas, cuestiona la legalidad de los acuerdos municipales que dieron origen a FuneCamp, argumentando competencia desleal.
El conflicto se originó en marzo de 2024, cuando los ayuntamientos implicados aprobaron la creación de FuneCamp, una sociedad pública destinada a gestionar cementerios municipales y ofrecer servicios funerarios. Las funerarias privadas, representadas por el despacho Cuatrecasas, alegaron que la iniciativa utilizaba fondos municipales para competir en un mercado abierto, excediendo las competencias de los ayuntamientos.
La sentencia establece que, aunque FuneCamp podría considerarse un «medio propio» para gestionar cementerios, no puede extender esta figura a todas sus actividades, especialmente en un sector como el funerario, donde la competencia debe ser libre. El juzgado también cuestiona la viabilidad económica del proyecto, basándose en informes de la consultora KPMG que destacan discrepancias en las previsiones financieras.
Pese al fallo, FuneCamp ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, defendiendo la legalidad y viabilidad de su proyecto. La empresa pública, que comenzó a operar en junio de 2025, ofrece servicios funerarios a precios más asequibles que las funerarias privadas, lo que ha sido uno de los puntos de controversia.
La resolución judicial no prohíbe a FuneCamp seguir operando mientras se resuelve el recurso, pero deja al proyecto en una situación legal incierta. Las empresas privadas han argumentado que las tarifas de FuneCamp son significativamente más bajas que la media catalana, lo que consideran competencia desleal.
La sentencia también impone las costas del procedimiento a las administraciones demandadas, con un límite de 4.000 euros. Mientras tanto, FuneCamp continúa defendiendo su misión de ofrecer servicios funerarios de calidad, priorizando el servicio público sobre el interés comercial, y espera que el recurso ante el Tribunal Superior aclare su situación legal y permita la continuidad de su proyecto en beneficio de los municipios involucrados.