El caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez sigue escribiendo capítulos en la historia judicial y social de la región. En febrero de 2026, se dará un paso crucial en la búsqueda de justicia para las familias afectadas por el fraude de una funeraria que había subcontratado los servicios del polémico crematorio. El fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, reveló que las primeras diez carpetas de investigación se judicializarán en los próximos días, un movimiento que busca responsabilizar a quienes estafaron a las familias en un momento de dolor y vulnerabilidad.
Aunque el número de denuncias fue significativo, con alrededor de 70 a 80 querellas formalmente presentadas, no todas avanzarán en el proceso judicial. Salas explicó que muchas familias optaron por acuerdos reparatorios, priorizando la recuperación del dinero pagado por los servicios funerarios sobre el camino judicial. Este enfoque pragmático refleja una realidad donde el alivio económico inmediato se convierte en una prioridad para quienes enfrentan la pérdida de un ser querido.
El fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, confirmó que hay un esfuerzo continuo por robustecer las carpetas de investigación, evitando así que los casos sean desestimados en los tribunales. Además, Jáuregui subrayó que, aunque el delito no es considerado grave, las funerarias implicadas tienen la oportunidad de llegar a acuerdos reparatorios si cubren los gastos incurridos por las familias debido al servicio deficiente.
El caso del crematorio Plenitud no solo se centra en las estafas monetarias. Hay un proceso penal paralelo que busca justicia por los 386 cuerpos encontrados en el crematorio, por los cuales se solicitará una pena acumulada que supera los 200 años de prisión. Esta pena refleja la gravedad de un concurso real de delitos, donde cada cuerpo representa una violación individual de la ley.
La Fiscalía General del Estado ha sido clara en su compromiso de seguir adelante con las investigaciones, no solo en el ámbito penal, sino también en la atención a las víctimas. El objetivo es garantizar que las familias afectadas encuentren justicia y reparación del daño, un proceso que se está llevando a cabo con la mayor transparencia y rigor posible.
Este caso ha conmocionado a la comunidad, y no es para menos. La magnitud del fraude y el hallazgo de cientos de cuerpos en el crematorio Plenitud han despertado la indignación y el clamor por medidas más estrictas en la regulación de servicios funerarios. La historia de este caso es una advertencia sobre la importancia de la supervisión y la responsabilidad en el manejo de los restos de los seres queridos, recordando que la dignidad debe ser preservada incluso después de la muerte.
Con las primeras judicializaciones en marcha, las familias afectadas y la sociedad en general esperan que se sienten precedentes que eviten futuros abusos en un sector tan sensible y vulnerable como el funerario.