En Zaragoza, un conflicto se desata entre las empresas funerarias locales y Mémora, la nueva concesionaria del cementerio de Torrero. La situación ha llevado a casi 30 funerarias familiares a presentar una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA). El motivo principal de la demanda radica en las restricciones que enfrentan para operar en el recinto municipal y un incremento en los precios de los servicios, calificado por las funerarias como abusivo.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha pronunciado al respecto, aclarando que el consistorio no intervendrá en este conflicto laboral. Según Chueca, la relación es entre la empresa adjudicataria y las demás firmas locales, no con el Ayuntamiento. A pesar de la presión, la regidora enfatiza que el gobierno de la ciudad ha mantenido reuniones con los afectados para aclarar que su conflicto no es directamente con el consistorio.
La decisión de otorgar la concesión a Mémora se fundamenta en el objetivo del Ayuntamiento de modernizar el servicio funerario, que había permanecido inalterado durante años. La concesión a Mémora, que se extenderá por 30 años, incluye una inversión de 7,7 millones de euros destinados a mejoras significativas en las instalaciones del cementerio de Torrero. Entre los cambios previstos está la construcción de un nuevo edificio con salas de velatorio, una sala de despedida y hornos crematorios avanzados.
Para las funerarias afectadas, el cambio de concesión ha significado encontrar nuevas barreras de acceso que, según ellas, contravienen la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Estas empresas argumentan que las restricciones impuestas limitan injustificadamente la actuación de funerarias externas. Frente a esta situación, la alcaldesa señala que cualquier desacuerdo entre Mémora y las funerarias deberá resolverse en los tribunales, instando a que sean los jueces quienes dictaminen sobre el asunto.
En el centro de este conflicto se encuentran también los derechos de los usuarios que, siempre según las funerarias de la acusación, están siendo vulnerados. A pesar de las tensiones, la alcaldesa se muestra firme en que la posición del Ayuntamiento es la correcta, dado que su responsabilidad es asegurar un servicio de calidad para todos los zaragozanos. Con la modernización prometida, el consistorio espera ofrecer servicios funerarios que estén a la altura de las expectativas de la comunidad.
El desenlace de este enfrentamiento aún está por verse, pero lo que es seguro es que las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto duradero tanto en las empresas funerarias locales como en la experiencia de los ciudadanos que utilizan estos servicios esenciales.