Las voces de quienes buscan justicia y dignidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo resuenan con fuerza en Córdoba. En el Cementerio de la Salud, el concejal del PSOE Joaquín Dobladez y el secretario general de las Juventudes Socialistas, José Antonio Lara, se han hecho eco del dolor y la frustración de las familias afectadas. Las fosas, cubiertas de barro por las lluvias recientes, son un triste recordatorio de la falta de protección y conservación adecuada.
La situación actual ha sido calificada como un «lodazal», y tanto Dobladez como Lara exigen que se retomen los trabajos de exhumación y se protejan los restos en condiciones dignas. Este clamor se suma al de los colectivos memorialistas, que piden transparencia informativa y un tratamiento ágil en la identificación genética de las víctimas.
El contexto es complejo. El Gobierno de España aprobó una aportación de 150.000 euros para las exhumaciones, pero la devolución tardía de 275.000 euros no ejecutados por el Ayuntamiento ha retrasado el proceso. El convenio anterior expiró en 2025 sin cumplir las expectativas de los familiares, y ahora se busca un nuevo acuerdo que permita continuar con los trabajos.
Desde que comenzaron en 2023, se han certificado 189 víctimas represaliadas, pero los estudios sugieren que esta cifra podría superar las 4.000 entre los cementerios de La Salud y San Rafael. El compromiso de las administraciones es esencial, y aunque el Gobierno central ha sido el primero en aportar fondos, se espera que el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía sigan su ejemplo.
Dobladez ha enfatizado la necesidad de que las administraciones gobernadas por el PP aceleren el proceso y pasen de las palabras a los hechos. El movimiento memorialista y los familiares de los represaliados desean que estos trabajos no se interrumpan, en un esfuerzo por honrar la memoria de sus seres queridos de manera adecuada y respetuosa.