La creación de FuneCamp, una empresa pública supramunicipal de servicios funerarios, ha recibido un importante impulso tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de permitir que el proyecto continúe su curso. Esta iniciativa, promovida por los ayuntamientos de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí, había sido objeto de un recurso de apelación por parte de varias operadoras privadas que buscaban su paralización cautelar. Sin embargo, el tribunal ha rechazado la solicitud, lo que significa un paso adelante para FuneCamp en medio de un litigio aún no resuelto.
El fallo del TSJC confirma una decisión previa del Contencioso Administrativo de Tarragona y permite que FuneCamp siga avanzando mientras se resuelve el fondo del litigio. Las empresas privadas que impugnaron el proyecto, entre ellas Mémora Serveis Funeraris del Camp, Funeconca y Serveis Funeraris Pedrola Montbrió, argumentaban que la nueva empresa pública distorsionaría la libre competencia y tendría un impacto negativo en el mercado. Sin embargo, el tribunal considera que los supuestos perjuicios económicos podrían ser indemnizados en el futuro y que no hay un daño irreversible que justifique detener el proyecto.
Desde FuneCamp, se ha expresado satisfacción por la decisión judicial, destacando que refuerza la seguridad jurídica de la iniciativa y valida el esfuerzo de los municipios promotores. La empresa pública tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un servicio funerario transparente, de calidad y con precios ajustados, coexistiendo con la actividad del sector privado. Esta visión se ha visto respaldada por las instancias judiciales que han evaluado el caso hasta ahora, según señalan fuentes de FuneCamp.
Por su parte, Mémora ha destacado que la sentencia no afecta al litigio principal, que sigue pendiente de resolución. La empresa privada mantiene su postura de que la constitución de FuneCamp como «medio propio» de los ayuntamientos vulnera la normativa y podría concentrar una gran parte del mercado en poco tiempo, según las previsiones contenidas en la memoria del proyecto.
El tribunal ha dejado claro que, en esta fase provisional, no le corresponde decidir sobre la legalidad del proyecto. Esta cuestión se analizará cuando se resuelva el fondo del recurso. Sin embargo, la decisión actual permite que FuneCamp siga adelante, algo que los ayuntamientos involucrados consideran crucial para garantizar una gestión directa de los servicios funerarios que responda a un interés general.
Con este fallo, el TSJC no solo mantiene en marcha el proyecto de FuneCamp, sino que también reafirma la presunción de validez de las decisiones administrativas cuando hay un interés público de por medio. Aunque el conflicto judicial no ha concluido, la continuidad de FuneCamp supone un importante avance para los municipios promotores y un desafío para las operadoras privadas que deberán esperar la resolución final del caso.
Mientras tanto, el despliegue del servicio funerario público supramunicipal continuará, con el objetivo de proporcionar a la comunidad una opción basada en la transparencia y la calidad, todo en un contexto de convivencia con el sector privado.