El dolor de perder a un ser querido es inmenso, pero cuando ese dolor se amplifica por la negligencia y el mal manejo de los restos, el sufrimiento se convierte en indignación. Esto fue lo que ocurrió con una familia de Sonora, que tras el fallecimiento de su padre en un accidente relacionado con el Tren Interoceánico, se enfrentó a una situación que jamás imaginaron. El cuerpo, que había estado bajo custodia desde el 29 de diciembre, fue entregado en un estado de descomposición tan avanzado que apenas era reconocible.
El hijo de la víctima, visiblemente afectado, grabó un video en el que denunciaba públicamente al agente del Ministerio Público y al personal de una funeraria por lo que él calificó como una «negligencia extrema». La rabia y la desesperación eran palpables en sus palabras: «No saben en el problema en el que se metieron. Esto no se va a quedar así. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias», decía, demandando justicia y responsabilizando a las autoridades por no haber cuidado adecuadamente el cuerpo.
Según su relato, el cadáver, que debería haber sido refrigerado, fue encontrado en un congelador apagado y caliente. «El cuerpo estaba prácticamente irreconocible, inflado por la descomposición. Nos dijeron que estaba bien, pero era mentira», añadió. La situación se agravó cuando, al llegar a la funeraria, un empleado intentó impedir que la familia viera el estado del cadáver, argumentando que no tenía guantes y que el refrigerador funcionaba correctamente. Sin embargo, al abrir el compartimento, la ausencia de frío y el crítico estado del cuerpo quedaron en evidencia.
El ciudadano también señaló directamente al agente del Ministerio Público, Régulo Arsenia Pérez, por la falta de coordinación y supervisión en la custodia de cuerpos no reclamados. A pesar de que el fallecido tenía documentación que indicaba su residencia en otro estado, no se tomaron las medidas necesarias para conservarlo hasta que la familia pudiera reclamarlo.
La indignación no se queda solo en palabras. El denunciante se negó a dar su declaración inicial ante el Ministerio Público, argumentando que no confiaba en la capacidad ni en la ética de los funcionarios para manejar el caso. Además, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se investigue a fondo y se sancione a los responsables, insinuando la posible existencia de una red de complicidad entre autoridades y funerarias locales.
El caso ha generado un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de revisar los procedimientos y la supervisión en el manejo de cuerpos en situaciones similares. Mientras tanto, la familia sigue buscando respuestas y justicia para honrar la memoria de su padre, un hombre que merecía un final más digno.