Una serie de quejas y denuncias ha llevado al gobierno de Baja California a anunciar una revisión exhaustiva de las funerarias que operan en el estado, con un foco particular en la ciudad de Tijuana. El anuncio fue realizado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su conferencia matutina, indicando que la decisión surge tras detectar diversas irregularidades en el sector funerario.
Las denuncias se intensificaron el pasado 16 de diciembre, cuando propietarios de funerarias en Tijuana protestaron públicamente para señalar lo que consideran prácticas de competencia desleal, presuntamente fomentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Según los afectados, desde septiembre, la FGE designó a una única funeraria, Funeraria Santana, como el espacio autorizado para el almacenamiento y tramitación de cuerpos, lo que ha reducido considerablemente su operatividad e ingresos.
Esta situación ha generado un impacto directo no solo en las funerarias, sino también en las familias que, en medio del dolor, se ven obligadas a contratar servicios completos con la funeraria designada para evitar trámites adicionales. Durante la protesta, los empresarios señalaron que estas restricciones afectan la atención digna a las familias y a los finados, ya que la liberación de cuerpos se realiza en horarios muy limitados.
En respuesta a las denuncias, la FGE ha sostenido reuniones con representantes de funerarias para mejorar la coordinación en los procedimientos de aviso y liberación de cuerpos. Entre los acuerdos alcanzados se incluye la notificación clara de horarios de atención y la identificación obligatoria del personal funerario. Sin embargo, a esta reunión solo asistieron 24 de las 29 funerarias de la ciudad, ya que las cinco restantes no están regularizadas.
La revisión anunciada por el gobierno estatal buscará no solo regularizar la situación actual, sino también establecer nuevas reglas que garanticen transparencia, competencia leal y respeto a las familias afectadas. Esta medida puede ser crucial para definir el futuro del sector funerario en Baja California, asegurando que todas las funerarias operen bajo las mismas condiciones y con igualdad de oportunidades.
El caso de Tijuana es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sector funerario en la región y la necesidad de una intervención gubernamental para asegurar un mercado justo y equitativo. La revisión integral de las funerarias del estado es un primer paso hacia la solución de las problemáticas actuales, pero queda por ver si las medidas implementadas serán suficientes para erradicar las prácticas desleales denunciadas.