El Consejo de Gobierno ha dado un importante paso hacia la modernización con la aprobación de un decreto que actualiza la normativa sobre la policía sanitaria mortuoria. Este nuevo marco legal pretende facilitar la ampliación y construcción de cementerios en núcleos de menos de 5.000 habitantes, además de proteger el derecho a la libertad religiosa y la diversidad cultural.
La medida responde al Acuerdo 31/2025 de la Junta de Castilla y León, que se centra en simplificar y reducir la burocracia durante los años 2025 y 2026. Una de las principales novedades es la eliminación de la autorización sanitaria para la instalación y funcionamiento de cementerios, que antes era concedida por la Consejería de Sanidad. En su lugar, se requerirá un informe sanitario previo a la autorización municipal, tal como informa Ical.
Otra modificación significativa es la eliminación de la obligación para las empresas funerarias de solicitar autorización al Ayuntamiento. Ahora, bastará con una declaración responsable de cumplimiento de requisitos sanitarios ante la autoridad competente.
La implementación de esta norma no conlleva gasto adicional, ya que se utilizarán los recursos humanos y materiales existentes en la Administración de la Comunidad para aplicar sus previsiones. Esto representa un avance hacia la optimización de procesos y la reducción de la carga burocrática para facilitar la gestión de estas instalaciones en pequeños municipios.
Este decreto no solo facilita la gestión y operación de los cementerios, sino que también abre la puerta a una mayor diversidad y respeto por las distintas creencias religiosas, adaptándose a las necesidades contemporáneas de una sociedad plural.