En Tijuana, la crisis de las funerarias ha llegado a un punto crítico. La falta de clientes ha impulsado a más de 15 establecimientos a alzar la voz, solicitando a la Fiscalía General del Estado (FGE) que revise la estrategia empleada para gestionar los cuerpos que llegan por muerte natural o homicidios culposos. La situación se agravó desde finales de septiembre, cuando la FGE designó a la Funeraria Santana como el único espacio autorizado para el almacenamiento y liberación de cadáveres. Esta decisión ha dejado a las demás funerarias de la ciudad en una posición insostenible.
Alejandra Alamillo, representante de la Funeraria de la Cruz, describe un panorama desolador: “En 15 días, los teléfonos no han sonado ni una vez. Sin servicios, es imposible mantener abierta una funeraria”. Esta realidad se repite en otros negocios similares, atrapados en una dinámica de dependencia con la Funeraria Santana, la cual, afirman, está siendo favorecida por los agentes de la FGE. Según los afectados, los agentes advierten a las familias que, si no eligen los servicios de Santana, los cuerpos podrían ser enviados al Servicio Médico Forense (Semefo), extendiendo el proceso de entrega hasta por tres días.
Héctor Iván Abasolo, otro prestador de servicios funerarios, enfatiza la necesidad de que la Fiscalía asuma la responsabilidad de los cuerpos, evitando así restricciones horarias y procedimientos que obstaculizan el trabajo de las funerarias. “Queremos que los procesos vuelvan a ser como antes, donde si una funeraria acredita que puede llevarse al finado, se lo lleve, y si hay inconsistencias, que el cuerpo vaya al Semefo”, sostiene Abasolo.
Las funerarias demandan que se establezcan horarios adecuados para operar y que se respete su trabajo, permitiéndoles realizar procedimientos esenciales como el embalsamamiento, imprescindibles para que las familias puedan despedir a sus seres queridos dignamente. Denuncian desinformación y restricciones de horario impuestas por la Funeraria Santana, lo que a menudo les obliga a retrasar la liberación de cuerpos hasta el día siguiente si no alcanzan a completar el proceso en un plazo determinado.
Aunque evitan confrontaciones directas, las funerarias han alertado sobre prácticas que generan retrasos en la entrega de cadáveres en hospitales de Tijuana. A pesar de las dificultades, las funerarias de la ciudad insisten en que se ajuste el protocolo para garantizar una competencia justa y un trato equitativo a todas las partes involucradas.