El caso Ayotzinapa, una de las investigaciones más enigmáticas y dolorosas de la historia reciente de México, ha dado un giro inesperado con las últimas detenciones realizadas. A más de una década desde la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, la investigación ha sido un rompecabezas de teorías, declaraciones y pruebas que en ocasiones chocan entre sí, pero que comparten un halo de incertidumbre y misterio. Entre estas teorías, la llamada «tesis de las funerarias» ha cobrado nueva vida, impulsando la investigación que había permanecido estancada.
Recientemente, las autoridades mexicanas han detenido a diez personas relacionadas con el ataque a los estudiantes, entre ellos, Rodolfo Rueda Mazón y su hijo, Rodolfo Rueda, dueños de dos funerarias en Iguala. Estas detenciones, junto al aseguramiento de sus casas mortuorias, han resucitado la teoría de que al menos algunos de los estudiantes podrían haber sido llevados a estos crematorios. Desde 2015, esta línea de investigación ha estado presente, aunque nunca fue tomada demasiado en serio. La posibilidad de que los Guerreros Unidos, el grupo criminal involucrado en el ataque, haya utilizado los crematorios para deshacerse de los cuerpos ha sido una sombra persistente.
La presidenta Claudia Sheinbaum, tras una reunión con las familias de los desaparecidos, reveló estas detenciones, destacando también la intención de reincorporar a dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al caso. Sin embargo, tanto Carlos Beristain como Ángela Buitrago, los expertos mencionados, han declarado que no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto.
Entre los detenidos también se encuentran dos policías municipales, y un supuesto extrabajador de las funerarias implicadas, Irving Arroyo. Las investigaciones han revelado comunicaciones entre los Rueda y miembros de los Guerreros Unidos, como El Gaby y El Chucky, lo que ha intensificado las sospechas sobre el papel de estas funerarias en el caso.
Durante años, las investigaciones han intentado confirmar o descartar la participación de las funerarias en la desaparición de los estudiantes. En 2015, la Procuraduría General de la República solicitó registros de consumo de gas de las funerarias para determinar si hubo alguna actividad inusual en los días del ataque. Sin embargo, los resultados no arrojaron pruebas concluyentes, aunque las sospechas sobre Funerarias El Ángel han persistido.
El testimonio de testigos protegidos ha sido crucial en esta nueva fase de la investigación. Neto y Juan, antiguos integrantes de Guerreros Unidos, han señalado que algunos cuerpos podrían haber sido incinerados en funerarias. Neto, por ejemplo, describió cómo transportaron cuerpos desmembrados a crematorios, señalando específicamente a Funerarias Urióstegui y al servicio médico forense que compartía instalaciones con El Ángel.
El testimonio de Juan refuerza esta teoría, describiendo cómo algunos restos fueron llevados al crematorio de El Ángel. Estas declaraciones, junto con las comunicaciones interceptadas entre los sospechosos y miembros de los Guerreros Unidos, han reforzado la teoría de las funerarias, ofreciendo una nueva dirección a una investigación que durante mucho tiempo se ha sentido estancada.
Mientras tanto, las familias de los desaparecidos continúan exigiendo justicia y la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche de septiembre de 2014. La reactivación de la tesis de las funerarias ofrece una oportunidad para avanzar en un caso que ha sido una herida abierta en el corazón de México, en busca de respuestas y justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa.