Entre los años 2019 y 2022, un administrador de una funeraria en Bunyola, Mallorca, desvió casi 100.000 euros para su uso personal, una acción que le ha costado una condena de tres años de prisión y una multa de 4.500 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha ratificado esta sentencia, impuesta originalmente por la Audiencia Provincial, tras confirmar que el acusado utilizó los fondos de la empresa para pagar sus propios gastos, como el seguro médico de su hijo, el alquiler de su vivienda, la cuota de un BMW en renting, y hasta su suscripción a Netflix.
Además de la pena de cárcel, el condenado deberá indemnizar a la empresa con la cantidad defraudada y compensar a su socia con 5.000 euros por daños morales. Esta socia, que había avalado personalmente un préstamo para la funeraria, sufrió embargos bancarios y fue registrada en listas de morosos debido a la mala gestión del administrador, lo que le impidió solicitar nuevos créditos. La sentencia también destaca que el acusado incrementó su propio salario y el de sus allegados sin el consentimiento de la socia, agravando aún más la situación financiera de la empresa.
La resolución judicial evidencia la ansiedad que la socia experimentó al ver cómo se desmoronaba el negocio en el que había invertido. “Es comprensible que una persona en su situación desarrolle ansiedad al comprobar que el administrador se apropia de los ingresos y la empresa no puede asumir los pagos básicos”, señala el fallo. El acusado intentó alegar una relación sentimental con su socia para evadir la responsabilidad penal, pero el tribunal desestimó este argumento.
El caso sigue abierto a posibles recursos ante el Tribunal Supremo, lo que mantiene la atención sobre un fraude que ha sacudido los cimientos de la funeraria. En un contexto donde la ética empresarial es crucial, este incidente subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de negocios familiares. Mientras tanto, el recuerdo de otro caso similar en Palma, donde un exgerente de una funeraria municipal fue condenado por una trama de compraventa ilegal de tumbas y ataúdes, sigue presente. Este último, aunque pagó una indemnización menor a la solicitada, también enfrentó una condena de prisión, recordando los riesgos de prácticas ilícitas en el sector funerario.
