El cementerio parroquial de Santa Marta de Tera se encuentra en el centro de una controversia sobre su gestión, instando el Procurador del Común de Castilla y León al Ayuntamiento de Camarzana de Tera a cumplir con cinco medidas legales antes de cualquier decisión sobre su clausura. Esta resolución, aunque no vinculante, busca asegurar una gestión transparente y legal del lugar.
La primera exigencia es formalizar un acuerdo de delegación de competencias si la Junta Vecinal continúa interesada en gestionar el cementerio. Este acuerdo debe incluir detalles sobre las obligaciones de ambas partes, los recursos disponibles y los mecanismos de control por parte del Ayuntamiento.
Además, se requiere que el Ayuntamiento obtenga una acreditación completa de la titularidad del inmueble, asegurando las condiciones del recinto y los derechos funerarios vigentes, en cumplimiento con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Cualquier orden de clausura debe ser precedida por un expediente administrativo, que incluya un informe sanitario, la publicación oficial del procedimiento y la garantía de audiencia para todos los titulares de derechos funerarios, incluso aquellos que residen fuera de la localidad. El respeto al principio de confianza legítima es fundamental, evitando situaciones de indefensión.
Por último, el Procurador exige que el Ayuntamiento responda al escrito presentado por el reclamante el 9 de abril de 2024 y a futuras solicitudes similares, garantizando el acceso a la información pública sobre cualquier acto administrativo que afecte al cementerio.
La Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera”, responsable de la queja, ha expresado su profunda preocupación por la gestión del cementerio y la falta de información por parte del Ayuntamiento, lo que consideran una violación de la Ley de Transparencia. Su comunicado también critica la falta de respuesta del Presidente de la Diputación de Zamora, quien solo actuó tras la intervención del Procurador.
El caso ha puesto de manifiesto la importancia de la gestión adecuada de los cementerios, un tema que toca fibras sensibles en la comunidad. La resolución del Procurador del Común es un paso hacia la transparencia y el cumplimiento de las normativas legales, asegurando que los derechos de los ciudadanos sean respetados.
Mientras el Ayuntamiento de Camarzana de Tera evalúa las recomendaciones del Procurador, la comunidad de Santa Marta de Tera espera que se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad del cementerio, respetando el procedimiento legal y asegurando la información adecuada para todos los involucrados.
