El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ha tomado una decisión trascendental al aprobar la gestión directa pública del servicio funerario. Este avance llega tras años de deliberaciones, inversiones y enfrentamientos legales con una empresa privada que había promovido un tanatorio en una zona residencial. A pesar de las alegaciones y recursos presentados por esta empresa, el gobierno local, liderado por NIVA (Nueva Izquierda Verde), ha logrado el respaldo del pleno municipal para avanzar con su plan.
En una sesión plenaria marcada por la controversia, el grupo del PSOE expresó sus dudas sobre la viabilidad de esta gestión pública, argumentando que la batalla legal con la empresa privada podría complicar la situación. Sin embargo, el alcalde Francisco Martínez defendió con firmeza la municipalización del servicio, destacando su interés público y la capacidad del Ayuntamiento para ofrecer un servicio universal y evitar abusos.
El gobierno local ha destacado que este modelo de gestión permitirá ofrecer entierros gratuitos a los residentes empadronados en la localidad durante al menos cinco años antes de su fallecimiento. Hasta la fecha, más de 300 familias se han beneficiado de este recurso. La medida es vista como una forma de garantizar un servicio esencial y regular su financiación a través de una tasa pública.
La decisión ha generado tensiones en el ámbito político, con el PSOE abandonando el pleno en señal de desacuerdo. No obstante, el gobierno local critica esta postura, acusando a la oposición de favorecer intereses privados en detrimento del bien común.
El servicio funerario municipal incluirá diversas prestaciones, desde la atención en el domicilio hasta el traslado del difunto desde cualquier punto de la provincia, pasando por el crematorio o entierro. Además, los herederos que opten por este servicio recibirán la devolución de la prima contratada con aseguradoras de decesos.
Con esta medida, Fuentes de Andalucía avanza hacia un modelo de gestión pública que busca universalizar un servicio esencial y proteger a sus ciudadanos de posibles abusos. A pesar de los desafíos legales, el gobierno local confía en que esta decisión fortalecerá la comunidad y ofrecerá un servicio digno a todos los habitantes de la localidad.