La ciudad de Toluca se ha convertido en el epicentro de una protesta que busca justicia para cientos de servidores públicos y maestros que han sido víctimas de un presunto fraude funerario. Los afectados, organizados y decididos, han marchado desde el Monumento al Maestro hasta el centro de la ciudad, exigiendo que se resuelva la situación que los ha dejado en una posición vulnerable.
El problema se remonta a 2005, cuando muchos trabajadores contrataron servicios funerarios ofrecidos por la empresa Grupo CIF a través de sus sindicatos. Sin embargo, estos servicios nunca se hicieron efectivos, a pesar de los descuentos aplicados durante años en sus nóminas. Los planes prometían una cobertura amplia y vitalicia, pero hoy esas promesas se han desvanecido, dejando a las familias sin el apoyo necesario en momentos críticos.
Óscar Chávez Espinosa, abogado de la Asociación Mexiquenses de la Transformación Social, ha destacado que existen 280 denuncias penales por incumplimiento de contrato, y muchas más podrían sumarse. Los afectados han llegado a la protesta con documentos en mano, buscando apoyo para llevar sus casos a la justicia.
El movimiento exige la intervención de altos mandos estatales y federales, incluyendo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que se investigue el alcance del fraude y se garantice la reparación del daño. La situación es especialmente grave, ya que incluso hay reportes de familias que han quedado desamparadas en momentos de duelo.
El plantón se mantendrá indefinidamente frente al Palacio de Gobierno hasta que se ofrezcan soluciones concretas. Los organizadores también buscan involucrar a más afectados, asegurando que muchas familias en todo el país podrían estar en la misma situación, víctimas de un fraude que lleva dos décadas sin resolverse.