La historia que ha sacudido al sector funerario en Valencia es digna de un guion cinematográfico. Cuatro miembros de una funeraria local están acusados de lucrarse ilegalmente con el cadáver de un hombre que había sido donado a la ciencia. La fiscalía ha pedido una pena de ocho años de prisión para los implicados, quienes supuestamente falsificaron documentos para vender el cuerpo al CEU-Cardenal Herrera.
El caso comenzó con la muerte de Joseph Pierre Jacques, un anciano francés que vivía sus últimos días en una residencia de Albal. Sin familiares cercanos a la vista, los acusados vieron una oportunidad para obtener ganancias ilícitas. Según la fiscalía, falsificaron un documento que indicaba que el difunto había decidido donar su cuerpo a la ciencia, engañando tanto al hospital como a la universidad.
Este procedimiento ilícito fue descubierto cuando el Hospital La Fe, donde falleció Joseph, notó la desaparición del cuerpo. La sorpresa llegó cuando una funeraria, contratada para gestionar un entierro de beneficencia, se encontró con que el cuerpo ya había sido entregado al CEU.
La fiscalía alega que los trabajadores de la funeraria se hicieron pasar por amigos del difunto para obtener los documentos necesarios en el Registro Civil, y que uno de ellos incluso falsificó una autorización para la donación del cuerpo, con la intención de evitar que la familia fuera informada. El CEU, sin saber del fraude, pagó 1,331 euros a la funeraria por la entrega del cuerpo.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso ha tenido giros inesperados. La investigación inicial, que involucraba a más cuerpos y posibles fraudes, se ha desinflado, quedando este como el único episodio que llevará a los acusados al banquillo. Además, el CEU no ha reclamado indemnización alguna, complicando aún más la situación legal.
El próximo juicio no solo se centra en la falsificación de documentos, sino también en la ética de los involucrados, quienes, según la fiscalía, actuaron bajo un plan de sus superiores para obtener beneficios económicos a costa de un acto tan delicado como la donación de un cuerpo a la ciencia.
Este escándalo ha puesto en el foco la necesidad de una mayor regulación y control en el manejo de cadáveres donados a la ciencia. Mientras el juicio se aproxima, el sector funerario espera que se haga justicia y que este tipo de prácticas no se repitan, preservando la integridad y el respeto que los difuntos merecen.
En definitiva, el caso de los funerarios de Valencia es un recordatorio de la importancia de la ética profesional en el sector, y de cómo la avaricia puede llevar a situaciones tan turbias como esta, afectando no solo a las instituciones involucradas, sino también a la confianza de la sociedad en sistemas que deberían ser inviolables.