Todo comenzó con una sospecha. Una serie de prácticas que, según la asociación Esfune, llevaban años repitiéndose en silencio en los hospitales y tanatorios de Cataluña. Supuestos pagos ocultos, decisiones impuestas a las familias en momentos de vulnerabilidad y vínculos entre empresas del sector funerario y figuras de peso en la política catalana. Hoy, diez años después del inicio de su investigación, Esfune empieza a poner nombres a lo que denomina el «Cártel Funerario de Cataluña».
Según la organización, la trama funcionaría como un presunto oligopolio: funerarias que, supuestamente, pagarían a hospitales entre 300 y 800 euros por paciente fallecido. A cambio, los centros derivarían los servicios funerarios a empresas concretas, sin consultar a las familias. Una práctica que, de confirmarse, atentaría contra el derecho de libre elección y abriría la puerta a abusos económicos. Hay casos documentados, como el de Manuel Monterde, que asegura haber pagado más del triple por el entierro de su madre al no poder elegir libremente la funeraria.
Uno de los nombres que aparece con más fuerza es el de Xavier Poch. Ligado durante años a la funeraria Mémora, Poch fue consejero de la sociedad Cementiri de Girona, donde coincidió con Carles Puigdemont. Ambos firmaron en 2015 un convenio de colaboración entre Mémora y el Ayuntamiento de Girona —entonces bajo el mando de Puigdemont—, que, según Esfune, sirvió de vía para un presunto pago de 30.000 euros por parte de la funeraria. Ese documento, según denuncian, ya no está disponible en la web municipal.
Pero Poch no es el único señalado. Jaume Muxi, apoderado de varias funerarias, y Josep María Gallifa, director de Cabré Junqueras, también figuran entre los supuestos implicados. Gallifa, además, habría compartido cargos con Poch en otras sociedades, reforzando el entramado empresarial.
Las conexiones políticas tampoco se quedan atrás. Esfune apunta a una presunta financiación del partido Junts (y anteriormente de Convergència i Unió) desde 1997 por esta red. Como indicios, citan la contratación de Joan Maria Pujals por parte de Mémora o la presidencia de Josep Arqués, exalto cargo de CiU, al frente del Grupo Mutuam.
A falta de una investigación judicial concluyente, la asociación sigue recopilando indicios y testimonios. Lo que parece claro es que este caso ya no habla solo de funerarias: abre una posible puerta a una red más amplia donde se entrecruzan negocios, poder y duelo.
Publicación original El Cierre Digital.