En Chihuahua, la legisladora Rosana Díaz Reyes ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado. Su objetivo es claro: abordar la gestión de residuos biológicos peligrosos en los crematorios y funerarias, un tema que ha cobrado relevancia tras el escándalo del Crematorio Plenitud, donde se acumularon 383 cuerpos en condiciones insalubres.
Díaz Reyes enfatiza que el Estado debe garantizar los derechos humanos y prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos. Para ello, es fundamental establecer marcos regulatorios adecuados que prevengan desgracias que afecten a la población. En este contexto, los servicios funerarios, aunque esenciales, generan subproductos de alto riesgo, y la legislación actual, calificada de laxa, resulta insuficiente para abordar este desafío.
La legisladora destaca la urgencia de actualizar la normatividad vigente y desarrollar técnicas avanzadas que aseguren procesos de cremación y desintegración de cadáveres en condiciones sanitarias óptimas. Esto no solo protegería la seguridad sanitaria, sino que también mitigaría el impacto ecológico que estas prácticas pueden tener.
Díaz Reyes ha sido contundente al señalar las devastadoras consecuencias de las amenazas biológicas y químicas que surgen de la gestión inadecuada de estos residuos. Ignorar esta realidad, advierte, es ser permisivo con situaciones lamentables como las que ya se han vivido. Por ello, su iniciativa busca inhibir las malas prácticas de los prestadores de servicios y enfatiza la necesidad de una vigilancia más estricta en el sector.
La propuesta de reforma de Díaz Reyes no solo responde a un problema de salud pública, sino que también es un llamado a la acción para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente. La legisladora espera que su iniciativa sea el primer paso hacia una regulación más estricta y efectiva, que garantice un servicio funerario seguro y responsable.