La conmoción sacudió a Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se descubrieron 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, un incidente que ha desatado protestas y la creación del colectivo Justicia Para Nuestros Deudos. Este grupo, que reúne a más de 80 personas, busca justicia y exige sanciones para los responsables, además de una rápida identificación de los cuerpos hallados.
El 26 de junio marcó el inicio de una pesadilla para muchas familias, cuando las autoridades encontraron 383 cuerpos dentro del crematorio, una cifra que aumentó a 386 en días posteriores. Estos cuerpos, embalsamados y listos para ser cremados, habían sido abandonados durante prolongados períodos. En un cruel engaño, los deudos recibieron materiales sustitutos en lugar de las cenizas de sus seres queridos.
Ante esta situación, las protestas no se hicieron esperar. Decenas de afectados se congregaron frente a la funeraria Latinoamericana, relacionada con el caso, y marcharon hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Norte. Allí, entregaron un pliego petitorio que incluía la investigación de funcionarios que permitieron la operación irregular del crematorio y de las funerarias involucradas.
La indignación de los manifestantes se reflejó en pancartas que clamaban «Merecemos dignidad» y «386 esperan justicia». La manifestación evidenció no solo el dolor de las familias, sino también su determinación por obtener respuestas y justicia. En respuesta a sus demandas, el fiscal de distrito, Carlos Manuel Salas, recibió a una comisión del colectivo.
El crematorio Plenitud operaba de manera irregular, prestando servicios a al menos cuatro funerarias de la ciudad, según la FGE. La hipótesis principal sugiere que los cuerpos fueron velados y trasladados para su incineración, pero nunca cremados. Esto ha llevado a cientos de personas a la fiscalía, buscando verificar si los restos de sus familiares están entre los no identificados.
Hasta el 10 de julio, ocho cuerpos habían sido entregados a sus familias, mientras que el resto permanece bajo análisis forense. De los cuerpos, 181 han sido sometidos a un proceso de rehidratación de tejidos para obtener huellas dactilares y facilitar su identificación.
En el centro de esta tragedia, José Luis A. C., propietario del crematorio, y Facundo M. R., empleado del establecimiento, han sido detenidos y enfrentan cargos por inhumación, exhumación y violación al respeto debido a cadáveres o restos humanos.
El colectivo Justicia para Nuestros Deudos exige una revisión integral del sistema funerario local y la implementación de controles más estrictos. La falta de supervisión por parte de las autoridades estatales es señalada como una de las causas de esta tragedia, que ha dejado una profunda herida en la comunidad de Ciudad Juárez.