Manuel Monterde no imaginaba que el fallecimiento de su madre en 2016 sería el punto de partida de una larga batalla. Tras su muerte en el Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, en Barcelona, Monterde quiso recurrir a la misma funeraria que había gestionado el entierro de su padre. Según su relato, una enfermera le impidió hacerlo, imponiéndole la contratación de la empresa Mémora. Asegura que esta imposición fue verbal y también por escrito. El coste del servicio fue de 8.140 euros, muy superior a los 2.250 euros que pagó en el anterior sepelio.
Su experiencia no terminó ahí. Tras contar su caso en TV3, asegura que un supuesto extrabajador de Mémora se puso en contacto con él. Este le habría revelado prácticas presuntamente irregulares: pagos de entre 750 y 800 euros a hospitales por cada cuerpo derivado directamente a la funeraria, sin consultar a las familias. También afirmó que, supuestamente, se ocultaban los ataúdes más económicos para forzar a los usuarios a asumir precios más altos.
A raíz de estos hechos, Monterde se unió a Esfune (Asociación Española Contra los Abusos Funerarios), presidida por Aurelio Sánchez. Desde 2015, esta entidad denuncia lo que considera indicios de una red organizada que operaría en Cataluña y que habría implicado, presuntamente, a unas 300 entidades entre hospitales, funerarias, residencias, tanatorios e incluso partidos políticos. Esfune sostiene que existirían prácticas de «blindaje» de servicios funerarios mediante pagos opacos, con el consiguiente perjuicio económico para las familias.
La asociación también apunta al partido Junts, al que atribuye —sin pruebas judiciales firmes— un presunto beneficio desde los tiempos de Convergència i Unió. Entre los indicios que mencionan figura un supuesto pago de 30.000 euros desde Mémora al Ayuntamiento de Girona durante la alcaldía de Carles Puigdemont, aunque dicha información, según Monterde, habría sido eliminada de la web municipal.
Otras acusaciones mencionadas por Esfune incluyen la contratación de Joan Maria Pujals, exconseller y exdiputado de CDC, por parte de la propia funeraria. Asimismo, Monterde señala a Rafael Ribó, exsíndic de greuges y vinculado a Iniciativa per Catalunya Verds, quien habría recibido —según sus afirmaciones— un viaje a una final de Champions costeado por un alto cargo del sector funerario.
Pese a los intentos por llevar el caso ante instituciones como el Defensor del Pueblo o la Conselleria de Sanitat, Monterde afirma que su denuncia fue archivada por “falta de más denunciantes”. Aun así, continúa difundiendo su versión a través de redes sociales. En este contexto, ha recibido un burofax del Grupo Mutuam en el que se le advierte de que sus acusaciones ya habrían sido «acreditadas como falsas», y se le exige que elimine sus publicaciones.
A día de hoy, ninguna de estas acusaciones ha sido judicialmente probada. Desde el diario digital que ha publicado originalmente esta noticia y es la fuente de toda esta información, Elcierredigital.com, se ha intentado contactar con el partido Junts para recabar su versión de los hechos, sin obtener respuesta por el momento. Mientras tanto, Esfune mantiene activa su denuncia pública, insistiendo en lo que considera una de las prácticas más opacas del sistema funerario catalán.
Fuente original: https://elcierredigital.com/investigacion/asi-funciona-cartel-funerario-cataluna-junts-supuestamente-implicado
