El Cementerio General de Ovejuyo volvió a ser noticia, y no por una festividad o una visita con flores, sino por una escena preocupante: un muro lateral fue derrumbado, una retroexcavadora se abrió paso entre tierra y estructuras agrietadas, y aún se desconoce qué ocurrió con los restos que yacían allí. No es la primera vez que este camposanto improvisado, ubicado en una zona de disputas limítrofes entre La Paz y Palca, protagoniza un evento así. Desde 2020, el terreno se ha deslizado tres veces, dejando al descubierto ataúdes y restos humanos en patios, calles y veredas.
Este nuevo incidente volvió a poner sobre la mesa un problema antiguo pero nunca resuelto: la existencia de cementerios en situación irregular en el municipio de Palca. Según confirmó la subalcaldesa Rossmery Conde en entrevista con Visión 360, actualmente funcionan cinco cementerios en la jurisdicción, de los cuales cuatro son administrados directamente por comunarios, sin una normativa clara ni registros formales de las personas enterradas.
“Estamos en proceso de regularización”, explicó Conde, quien detalló que los camposantos se encuentran en comunidades como Achumani, Wilacota, Apaña y Ovejuyo. También mencionó el caso de “Los Tres Patiños”, en la zona de Pedregal. En todos ellos, la gestión está en manos de los alcaldes comunitarios, en terrenos que pertenecen a sindicatos agrarios u organizaciones originarias.
La situación plantea desafíos importantes. Por un lado, la Alcaldía de La Paz ha catalogado estos espacios como ilegales, y solo en ese municipio se han identificado al menos 58 cementerios clandestinos desde 2021, según Leonardo Rodríguez, jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Entidad Descentralizada de Cementerios. Por otro, desde Palca se insiste en que estas prácticas son heredadas de una tradición ancestral, muy anterior incluso a la Reforma Agraria de 1953.
A pesar de los conflictos legales y la falta de licencias ambientales, la Subalcaldía de Palca avanza en la elaboración de una normativa propia para regular estos espacios y establecer protocolos de administración. El reto no es menor: se trata de equilibrar el respeto por las prácticas comunales con la necesidad urgente de garantizar seguridad, higiene y control.
Mientras tanto, los vecinos siguen mirando con preocupación cada movimiento de tierra, cada máquina, cada grieta que se abre. Porque, al final, lo que está en juego es mucho más que la legalidad: es la dignidad de los vivos… y la memoria de los que ya se han ido.
