La expectación era evidente a las puertas del Juzgado mixto número uno de Carmona. Este martes, el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López (PP), ha prestado declaración como investigado en el marco de la investigación sobre la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul. La causa, que estudia posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha puesto en el punto de mira tanto a López como a otras figuras del Partido Popular en la provincia.
La comparecencia del regidor se ha extendido durante unas dos horas. López ha respondido únicamente a las preguntas del juez y de su abogado defensor, mientras que la Fiscalía ha optado por no participar en la sesión. Por su parte, el PSOE, que denunció el caso y está personado en la causa, no ha obtenido respuestas del alcalde, quien decidió no responder a sus cuestiones.
Este caso ha salpicado también a otras figuras clave del PP en Sevilla. Un día antes, el lunes, compareció ante el juzgado Ricardo Sánchez, actual delegado del Gobierno andaluz en la provincia y expresidente del PP de Sevilla, quien fuera el predecesor de López en la Alcaldía de Mairena del Alcor. Se le investiga por presunta administración desleal y, en sus declaraciones, ha defendido que actuó «conforme a la ley», acusando al PSOE de basar su denuncia en «falsedades».
Una investigación con más citaciones en el horizonte
El proceso judicial no termina aquí. El próximo 13 de marzo, está citada otra figura clave: Francisco Rodríguez Roa, quien en el pasado fue apoderado de la empresa Previpaz SL y actualmente ostenta un cargo en la ejecutiva regional del PP andaluz. A él también se le investiga por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El PSOE sostiene que el caso es un escándalo urbanístico, señalando que el proyecto del tanatorio fue diseñado para «hacer negocio a costa de la salud de los ciudadanos». Argumentan que la ubicación del crematorio afectaría a unas 4.000 personas, un extremo que la Junta de Andalucía reconoció posteriormente. Además, denuncian que el procedimiento de adjudicación del suelo benefició a empresarios afines al PP, permitiéndoles adquirir terrenos por un valor cuatro veces menor al real.
El trasfondo del caso: un tanatorio público frustrado y una adjudicación polémica
Todo comenzó en 2015, cuando el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, entonces dirigido por Ricardo Sánchez, aprobó un proyecto para la construcción de un tanatorio público en el cementerio municipal. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado durante años, hasta que en 2018 se retomó la iniciativa con un giro inesperado: las parcelas destinadas al tanatorio fueron vendidas a una empresa privada por 173.693 euros, un precio muy inferior a su valor de mercado.
El PSOE denuncia que la adjudicación estuvo plagada de irregularidades. Además, critican que no se incluyó una cláusula contra la especulación, algo habitual en otras licitaciones municipales. En 2021, la empresa que adquirió los terrenos transfirió su titularidad a Previpaz, cuyo apoderado era Francisco Rodríguez Roa, vinculado al PP.
El juzgado sostiene que hubo una “diligencia administrativa inusitada” en la concesión de licencias y permisos para este tanatorio privado. Según la investigación, mientras el tanatorio público quedó en el olvido, la iniciativa privada avanzó con rapidez y sin las trabas burocráticas habituales.
¿Y ahora qué?
La investigación sigue en curso y más comparecencias podrían arrojar luz sobre lo ocurrido. El PSOE exige responsabilidades políticas y ha pedido el cese inmediato de Ricardo Sánchez como delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.
Mientras tanto, en Mairena del Alcor, el caso sigue generando debate. ¿Hubo irregularidades en la gestión del tanatorio? ¿Se benefició a determinadas empresas en detrimento del interés público? El desenlace judicial determinará si se trató de una simple controversia política o de un caso de corrupción con consecuencias legales.
