Funerarias responden a Justicia: “Los costes forenses siempre son públicos”

Funerarias responden a Justicia: “Los costes forenses siempre son públicos”

La reciente tragedia provocada por la DANA en Valencia ha traído consigo un inesperado cruce de declaraciones entre la Conselleria de Justicia y las funerarias, en torno a los gastos forenses de las víctimas. El pasado viernes, Justicia emitió un comunicado aclarando que dichos costos son asumidos íntegramente por la Conselleria a través del Instituto de Medicina Legal, subrayando que las familias afectadas no deben afrontar ningún pago relacionado con este servicio. Además, advirtió que la Generalitat estará atenta a posibles irregularidades en las facturas emitidas por las funerarias.

Este recordatorio oficial no tardó en generar reacciones. Desde la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), su secretario general, Alejandro Quinzán, expresó su sorpresa ante lo que considera una insinuación injusta hacia su sector. “No tenemos conocimiento de que se hayan producido prácticas indebidas. Los costes de los servicios forenses, como las autopsias, siempre los asumen las instituciones públicas. No forman parte del servicio funerario, y por eso nos sorprenden este tipo de comentarios”, declaró Quinzán durante una entrevista en La Ventana Comunitat Valenciana.

El portavoz de Panasef lamentó que las funerarias hayan sido señaladas de forma indirecta y aseguró que no han tenido ningún contacto reciente con la Conselleria de Justicia para abordar este asunto. “Estamos siempre bajo la lupa cuando somos un sector que ofrece un servicio discreto, profesional y riguroso. Atendemos a las familias en los momentos más difíciles con la máxima dedicación, como lo demostramos también durante la pandemia”, añadió.

Quinzán recordó la complejidad de los primeros días tras la DANA, cuando las funerarias tuvieron que organizarse para responder con celeridad y sensibilidad ante la tragedia. Aunque agradeció que se aclare que las familias no deben pagar por servicios forenses, insistió en que los profesionales del sector nunca han trasladado esos costos a los deudos.

Mientras tanto, desde Justicia reiteraron su compromiso de vigilar que se cumpla esta normativa para evitar que las familias, ya afectadas emocionalmente, tengan que afrontar gastos adicionales. La controversia, aunque inesperada, pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la comunicación entre las instituciones públicas y los sectores que brindan apoyo en los momentos más difíciles.