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Actualizado: 27/03/2024
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pide los datos de fallecidos en mayo y junio por Covid-19

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pide los datos de fallecidos en mayo y junio por Covid-19

Vía: Opinión de Zamora

Los jueces encargados de Registros Civiles y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz han de remitir los datos de los fallecimientos certificados durante los meses de mayo y junio, y dentro de ellos «los que se hayan producido por COVID 19 y los sospechosos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo ha solicitado y ha establecido los cinco primeros días de este mes de julio para que se le notifiquen los datos. Según especifica la comunicación recibida en los ayuntamientos de la provincia, desde donde se lleva la gestión de los Registros Civiles Municipales.

El objetivo del Tribunal Superior de Justicia es disponer de los datos reales sobre fallecimientos y causas de los mismos para determinar el alcance real de la pandemia a través de las licencias de enterramiento expedidas en cada uno de los municipios.

En el ejercicio de las «facultades de inspección», el acuerdo del máximo órgano judicial en la comunidad autónoma, con sede en Burgos, sigue la línea de la instrucción dada el pasado mes de abril . Tras la recogida de datos se confirmó un incremento del 95% de los fallecimientos durante los meses de marzo y abril de este año (en el momento más crítico de la pandemia) respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con los datos recabados por el Tribunal Superior de Justicia relativos a esos dos meses, un 42% de las defunciones en ese periodo es atribuible al COVID 19 y a causas compatibles con la pandemia. La nueva instrucción remitida por el TSJ a los Juzgados de Paz pretende disponer de los datos objetivos en mayo y junio, cuando ha tenido continuidad el Estado de Alarma, a fin de cuantificar el alcance de la crisis sanitaria en Castilla y León. Los fallecimientos de marzo y abril, con sus causas específicas, pusieron en cuestión la estadística oficial facilitada por el Ministerio de Sanidad.

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