La Plataforma de afectados El Salvador llevará las denuncias de manera individual
La Plataforma de afectados El Salvador ejercerá la defensa de cada perjudicado de manera individual, cada caso con sus particularidades, con la «ventaja» de que estarán amparados por la misma representación procesal, abogado y procurador.
Así lo ha manifestado en un comunicado el despacho Bárbara Royo Abogados, que se ha unido con Castellana 266 en la plataforma de afectados el Salvador, sólo como medio de contacto con los perjudicados, no como mecanismo previsto en la Ley para personarse como acusación particular.
El texto ha aclarado que los dos despachos se han unido para ejercer la defensa de cada uno de manera individual con la misma representación procesal, lo que acelera el proceso y garantiza que abogados particulares ejerzan ¡con fuerza la defensa de sus clientes.
Ha precisado que el artículo 126 del Código Penal establece que en un proceso los primeros en cobrar las indemnizaciones son los perjudicados, después la hacienda pública si resultase afectada y por último las penas de multa que pudieran destinarse al Estado.
La plataforma se creó a raíz de la investigación abierta al Grupo funerario El Salvador de Valladolid por la acusación de una estafa continuada, cometida al cambiar los féretros comprados por los familiares de los difuntos antes de la incineración por otros de menor precio y revenderlos.
La Junta de Castilla y León
A la investigación en curso por el Juzgado de Instrucción Número 6 se une ahora la Junta de Castilla y León, responsable de la política mortuoria en la comunidad autónoma, que trata de esclarecer si puede interponer sanciones al Grupo El Salvador por vía administrativa.
La Consejería de Sanidad ya ha reclamado al Juzgado la información que pueda aportarse, ahora o en el momento en que se abra el secreto del sumario, para conocer si las acciones que se investigan incumplen el artículo 11.2 del decreto 16/2005, en el que se estipula: «Ningún féretro será reutilizable, excepto el féretro de recogida».
Uno de los posibles fraudes que se investiga es la reventa de féretros que, pese a ser destinados a incineración, se sustituían por otros
