Funeraria Meana reclama 307.785 euros por el derribo del crematorio de la Pola de Siero
307.785,68 euros. Esta es la cifra que ha presentado la empresa Funeraria Meana en concepto de reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Siero (Principado de Asturias) por los perjuicios causados tras la anulación judicial de las licencias concedidas para la construcción e instalación de un horno crematorio en el tanatorio que tiene en la Pola.
La documentación fue presentada en el Consistorio la pasada semana e incluye la suma de una treintena de conceptos que la empresa justifica con diferentes facturas y presupuestos. Según ha podido saber este periódico, el desglose se corresponde con la redacción del proyecto de las obras necesarias (7.300 euros), direcciones técnicas y asesoramiento (4.136), proyecto e instalación del horno crematorio (106.843), obras de adecuación del local (56.196,20), Impuesto de Construcciones (3.743,49), tasas municipales (130,64) y defensa jurídica, que incluye gastos de abogado y procurador (19.613,72).
En cuanto a las cifras correspondientes a la propia demolición, la funeraria valora el desmontaje del horno crematorio en 19.239 euros, el del resto de elementos y la restitución del local al estado inicial en 27.225 euros y la dirección técnica de los trabajos en 1.693,50 euros. Por otro lado, reclama otros 61.665,13 en concepto de daños a la imagen de la empresa.
La documentación aportada será ahora valorada jurídica, económicamente por personal municipal, que emitirá los correspondientes informes de evaluación. Por un lado, valorarán si la empresa tiene derecho a recibir la indemnización y analizarán partida por partida.
Asimismo, los 307.785 euros es la máxima cantidad a la que puede optar la funeraria, toda vez que en cualquier momento del procedimiento ambas partes pueden llegar a un acuerdo que pondría fin a la tramitación.
Consejo Consultivo
Por otro lado, al tratarse de una reclamación superior a los 50.000 euros, la ley establece que debe ser sometida a dictamen del Consejo Consultivo del Principado, que emitirá un informe preceptivo en base al cual deberá pronunciarse y resolver el Ayuntamiento.
El periplo judicial del crematorio se inició en 2015 a raíz de una denuncia presentada por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies y la plataforma ciudadana Crematorios al Lláu de la Xente Non. Previamente, en 2013, el colectivo ya había presentado alegaciones al proyecto.
La licencia de instalación fue concedida en mayo de 2015 con los votos a favor de Foro -por entonces en el gobierno-, PP y Conceyu, mientras que PSOE e IU se posicionaron en contra. Ya en esta legislatura, con el equipo de gobierno socialista al frente, llegó la licencia de funcionamiento y las sentencias judiciales que declararon la nulidad de los permisos concedidos. Finalmente, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificó el pasado abril la demolición del horno crematorio tras rechazar el recurso de reposición presentado por la empresa. El Comercio
