Miles de madrileños enterrados en ataúdes alegales: solo hay tres modelos homologados

El Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, aprobado en octubre de 1997, regula en su artículo 13 las características físicas que deben cumplir los ataúdes. Y señala que, «en todo caso, los féretros deberán estar autorizados u homologados por el Ministerio de Sanidad o por la Consejería de Sanidad», es decir, pasar por un trámite administrativo de control que deben cumplir todos los ataúdes que se comercialicen para un entierro o incineración.

Sin embargo, desde 1997, el Gobierno regional solo ha homologado tres modelos, según una consulta hecha al portal de transparencia: uno en el año 2000, otro en 2014 y el tercero en 2015. El ministerio, por su parte, no maneja estadísticas, ya que señala que en Madrid el organismo competente es el Ejecutivo autonómico.

Es decir, que casi el 100% de los ataúdes que se utilizan en la región no cumplen el artículo 13.2 del Reglamento de Sanidad Mortuoria, vigente desde 1997. Entre ese año y 2016, las estadísticas revelan que se han producido 815.000 defunciones en la región, lo que se puede traducir en 815.000 féretros en una especie de limbo legal.

El pasado 20 de marzo, un vecino de la capital que había enterrado a su madre en mayo de 2017 decidió solicitar a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFCM) «el certificado de homologación que requiere la ley» para el ataúd que le habían suministrado. Si no lo tenía, pedía que le reintegraran los 3.678 euros que había pagado por el féretro.

La respuesta de la empresa pública negaba en primer lugar «cualquier incumplimiento de la normativa sanitaria mortuoria». En cuanto a la aplicación del reglamento que rige para toda la comunidad, «el cumplimiento de la norma UNE190001 vigente de los féretros utilizados en la prestación de nuestros servicios funerarios supone el cumplimiento de las obligaciones de la homologación y autorización previstas en la citada norma». Carlos Sanza, secretario general de la EMSFCM, concluía su respuesta asegurando que «hasta donde nos es posible conocer, la totalidad del sector funerario realiza idéntica aplicación de la norma y todos los féretros que pone a disposición de sus usuarios cumplen con la citada norma de Aenor».

Es decir, en la interpretación del reglamento que hace la empresa pública, el requisito de la homologación de los féretros se puede sustituir por verificar si las empresas proveedoras de ataúdes cumplen con la norma UNE190001, una norma elaborada por la Asociación Española de Normalización, que define la terminología, clasificación, características técnicas y de fabricación de los ataúdes. Norma que fue actualizada en octubre de 2017. ¿Puede esta norma sustituir a la homologación? Para Javier Ferrándiz, un empresario madrileño, la respuesta es no.

Ferrándiz ha patentado un féretro biodegradable, hecho de cartón reciclado y celulosa, construido principalmente para ser utilizado en la incineración, que pesa nueve kilos y que iba a costar 100 euros. Su ataúd sí está homologado por el Ministerio de Sanidad y puede ser comercializado en casi toda España, menos en la Comunidad de Madrid y Castilla y León. «Si valiese solo con la norma UNE, yo podría estar vendiendo mis féretros en Madrid, pero siempre me han exigido la homologación de la consejería para hacerlo. Y la consejería no me quiere homologar, aunque en teoría tampoco me haría falta, porque mi ataúd ya está homologado por el ministerio. ¿Por qué me ponen todas las trabas del mundo cuando a otros fabricantes no? Además, la norma UNE no es de obligado cumplimiento, al ser una mera guía».

Funeco España, S.L es una de las empresas que han pasado por todos los trámites, y ha homologado su modelo de ataúd en 2015. Es uno de los tres fabricantes que lo han hecho en Madrid desde 1997. Esta firma madrileña utiliza madera de compostaje para hacer su féretros. «Homologamos nuestro modelo cumpliendo la ley. Lo que habría que preguntarle a la Comunidad de Madrid es por qué permite que solo haya tres modelos homologados. Esa es una buena pregunta».

Olga Moro, gerente de Iberataúd, la patronal que aglutina a los fabricantes de féretros, asegura que «la UNE 19000, actualizada en 2017 y que anula la de 2012, es de cumplimiento voluntario, no obligatorio. Hay empresas que solo cumplen una parte de esa norma». Moro lo tiene claro: «No se pueden comercializar en la Comunidad de Madrid ataúdes que no estén homologados».

¿Qué dice la Consejería de Sanidad sobre la cuestión? Un portavoz señala que «el Reglamento de Sanidad Mortuoria establece la obligación de que los materiales y características del féretro común cumplan las especificaciones contenidas en la norma UNE». Agrega el portavoz: «También exige que los féretros se encuentren autorizados u homologados por la Consejería de Sanidad o por el ministerio; en este sentido, y de acuerdo al principio de no discriminación y reconocimiento mutuo, la Comunidad de Madrid no limita la libre circulación de féretros que hayan sido válidamente comercializados con la autorización del ministerio o de otras comunidades autónomas»

La homologación es un requisito incluido en el reglamento, pero al parecer nadie exige que se cumpla ni vela por ello. En principio, vale con que los féretros cumplan con especificaciones de las normas UNE, pero solo son certificados de calidad que no son de obligado cumplimiento. Se pueden aplicar o no, o en parte. «El término homologación es un poco viejo. Basta con la norma UNE, que al estar incluida en el reglamento sí que la eleva a norma», señalan no obstante fuentes del sector. Desde la Comunidad de Madrid reconocen que se está elaborando un nuevo Reglamento de Sanidad Mortuoria que, con toda seguridad, eliminará la necesidad de la homologación, ya que el actual es muy exigente.

En la práctica, el Ministerio de Sanidad solo está tramitando homologaciones de féretros fabricados con materiales distintos a la madera. Igual actúa la consejería madrileña del ramo. En cuanto a los tradicionales féretros de madera, que suelen ser de pino o de chopo, se están comercializando sin ningún tipo de homologación.

Entonces, ¿quién ejerce entonces un mínimo control sobre estos féretros de toda la vida? Las administraciones reconocen que no hacen inspecciones sobre la calidad de los ataúdes si no hay una denuncia previa o una alerta de salud pública. «Nosotros denunciamos a fabricantes pirata, pero no tanto porque fabriquen cajas no homologadas o no regladas, sino porque sus condiciones laborales no son las mejores y eso les permite ofrecer productos más baratos que compiten con los nuestros», señalan desde Iberataúd, la patronal de los fabricantes de féretros.

La verdad es que no hay datos oficiales del número de féretros construidos en España. «Hay fabricantes nacionales que están vendiendo ataúdes no homologados», explica Nuria Martínez, de la empresa Arcas Sant Feliu de Cárcer (Valencia), integrada en Iberataúd. «La norma UNE no es de obligado cumplimiento. La Administración es la culpable de que no haya una norma de obligado cumplimiento. China, por ejemplo, está vendiendo en nuestro país ataúdes que no son de madera, sino de ‘paulownia’ [un arbusto de origen chino]. No está homologado ese material que no es maderable, lo que provoca competencia desleal». Los fabricantes chinos, que llegaron a copar un 40% del mercado, ahora han bajado su cuota al 20% porque los españoles han ganado en competitividad al fabricar más barato y con mejor calidad.

Lo que está claro es que en Madrid apenas ha habido inspecciones. En 2014, el ayuntamiento de la capital (entonces gobernado por el Partido Popular) envió un requerimiento al Gobierno regional porque había detectado «irregularidades en féretros que incumplían la normativa de aplicación de la Comunidad de Madrid», según se especifica en documentos oficiales a los que ha tenido acceso este diario. Las empresas denunciadas fueron tres, con sede en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. La inspección de la consejería determinó que la legislación de estas tres regiones no exigía cumplir los requisitos de la norma UNE y que los féretros examinados cumplían por tanto la normativa de origen.

EL CONFIDENCIAL