La polémica sobre los crematorios se dirimirá en el Tribunal Supremo

El Concello de Pontevedra recurrirá la sentencia del TSXG que anuló la normativa anticrematorios aprobada en el año 2014. La concejala de Urbanismo, Anabel Gulías (BNG), confirmó que el estudio del recurso está en marcha, que el Concello tiene de plazo hasta el 9 de enero para anunciar al Tribunal Supremo si lo formalizará o no y que la decisión de hacerlo está tomada «tras hablarlo con vecinos directamente afectados, con los que mantenemos contactos informales».

Desde el gobierno local no se esconde que el principal objetivo sigue siendo despejar la posibilidad de que se pueda instalar un crematorio en zonas residenciales, exactamente igual que cuando se impulsó la modificación puntual del PXOM ahora anulada por el alto tribunal gallego. Entonces coincidían cinco proyectos en trámite para construir crematorios en el municipio -una previsión exagerada, se mantenía en aquel momento y se sigue sosteniendo ahora-, y el que más preocupaba era en que se proyectaba en la calle Arzobispo Malvar, en pleno centro histórico. Con la anulación de la modificación puntual del PXOM se abre la posibilidad de que este proyecto renazca, aunque no se ha producido ningún movimiento en ese sentido.

La sentencia del TSXG se dictó a raíz de un recurso de la plataforma Non Crematorios Pontevedra Leste, que se opone al proyecto de Funespaña en una parcela lindante con el cementerio de San Mauro. Se trata de una parcela catalogada como suelo rústico, y quedó fuera de esa normativa anticrematorios. Es decir, que el proyecto de Funespaña era el único que podía seguir tramitándose tras la modificación puntual del 2014. En aquella normativa, el Concello estableció una franja de separación de 50 metros con respecto a las viviendas. El recurso de la plataforma vecinal cuestionaba esa franja de seguridad y pretendía que se ampliara a 500 metros.

No establece franja
Sin embargo, la sentencia no entra en ese asunto y no establece franja alguna. Se limita a cuestionar la tramitación ya que la modificación puntual del PXOM carecía de informe de impacto ambiental, un trámite que para los jueces es necesario precisamente porque se establece una franja de separación, sea cual sea esta. Fue la Xunta la que eximió expresamente al Concello de este informe, razón por la cual son las dos administraciones, autonómica y local, las condenadas en el fallo.

En cualquier caso, el efecto práctico de la sentencia no fue el deseado por los vecinos de A Parda, ya que anula la modificación y eso retrotrae la situación a la que se daba en el 2014. Es decir, que al no haber una normativa autonómica que lo regule y al no contemplar el asunto el PXOM en vigor, cualquier terreno en el ámbito municipal es susceptible de acoger un crematorio. Incluido el de A Parda y el de Arzobispo Malvar.

No ha habido ningún movimiento empresarial desde el fallo del TSXGDe aquellos proyectos que se tramitaban entre el 2013 y el 2014 en el área de Urbanismo del Concello, solo el de Funespaña sobrevivió a la normativa anticrematorios. Sin embargo, pese a que fuentes municipales subrayan que la licencia sigue viva y sigue su tramitación ambiental en la Xunta de Galicia aunque a un ritmo muy lento, lo cierto es que la empresa -inmersa ahora en un cambio de accionariado- no ha vuelto a mantener contacto alguno con el Concello.

En cuanto a Arzobispo Malvar, a raíz de la normativa municipal las dos firmas promotoras de la iniciativa convirtieron el proyecto de crematorio en tanatorio. Si el Concello (o la Xunta) no recurre la sentencia del TSXG, habría vía libre para recuperar la idea inicial de instalar un crematorio en la entrada del centro histórico, pero de momento no se ha dado paso alguno. Obviamente, no lo iba a haber mientras esté abierto el plazo para recurrir, pero fuentes cercanas a las empresas promotoras no lo contemplan por el momento.

La apertura de un horno crematorio en el polígono de A Reigosa -en Ponte Caldelas, pero lindante con Pontevedra- en septiembre del 2015 a cargo de una de las empresas que tramitaban uno de los proyectos en la capital del Lérez frenó el resto de proyectos empresariales. Y es que, como se insistía en el Concello cuando coincidían los cinco proyectos, Pontevedra no tiene capacidad para tantos crematorios. A la vista del frenazo dado por Funespaña, parece dar la razón a aquella valoración.