Actualizado: 17/09/2021
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La trabajadora acusada de robar más 176.000 euros de Cementerio Jardín niega la acusación

La trabajadora acusada de robar más 176.000 euros de Cementerio Jardín niega la acusación

La empleada de la sociedad Cementerio Jardín de Santander acusada de quedarse con dinero de la entidad, ha asegurado en la vista celebrada ayer martes que “no tenía acceso al dinero” y que por eso no realizaba el arqueo de cuentas, y ha afirmado que hacía su trabajo como se lo había pedido la asesoría contable.

La acusada se ha manifestado en este sentido en el juicio que este martes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria, en el que ha admitido que era la única persona encargada de llevar a cabo el libro diario de caja de la entidad cuando supuestamente sucedieron los hechos, aunque ha señalado que también cobraban a los clientes otros trabajadores.

En sus conclusiones, la Fiscalía mantiene su petición de pena para ella de dos años y tres meses de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida y el pago de una indemnización de 14.459 euros a la sociedad Cementerio Jardín, entidad que está participada por el Ayuntamiento de Santander.

La acusación particular, que ejerce esta sociedad, también ha mantenido su reclamación de una pena más elevada, de tres años y seis meses de cárcel, una multa de 4.500 euros, y una indemnización más alta, de 176.754 euros, por un delito de apropiación indebida.

Pide esta indemnización en respuesta a un recurso que presentó, después de que la Audiencia de Cantabria aceptara su tesis y apreciara indicios de que la empleada pudo apropiarse de esa cantidad de 2006 a 2011.

La Audiencia entendió así que había indicios como para relacionar con esta empleada no solo el descuadre financiero de la sociedad en 2011, sino también en ejercicios anteriores.

Sin embargo, la acusación particular incluyó ayer en su calificación definitiva una petición alternativa de pena de cuatro de años de prisión y diez de inhabilitación absoluta por un delito de malversación impropia de caudales públicos, así como una indemnización de 92.400 euros.

Este caso se destapó en 2012, cuando el consejo de administración de la empresa Cementerio Jardín acordó el inicio de acciones legales contra la empleada y trasladó el caso a la Fiscalía.

La acusada trabajaba, hasta que fue despedida en 2012, en la oficina de administración del Cementerio como responsable de caja, por lo que hacía cobros a clientes, emitía facturas y tenía que hacer un libro diario de caja.

Según el Ministerio Público, en 2011 esta empleada sabía que sus superiores no solían supervisar su labor contable, y comenzó a quedarse con cantidades de dinero cobradas a clientes.

Para intentar que no se descubriera, la empleada habría dejado de anotar esos cobros en las hojas diarias del libro de caja y tampoco habría hecho arqueos que permitieran comprobar las cantidades que se ingresaban.

Por su parte, la acusada ha defendido que si no hizo los arqueos de cuentas fue porque la empresa asesora de la entidad no se lo pidió. “Como siempre se había hecho así yo no pesé que hubiese nada raro”, ha añadido.

La Fiscalía ha indicado que estos hechos se “descubrieron” en noviembre de 2011, cuando se nombró una nueva gerente de la sociedad que se dio cuenta de los descuadres, aunque la acusación particular entiende que la cantidad de la que presuntamente se apropió la acusada es más elevada y rondaría los 176.754 euros.

“No lo sabía yo, que hubiera dejado de apuntar 25 facturas”, ha contestado la procesada cuando la acusación particular le ha preguntado si la nueva gerente le dio algún aviso o le informó de ello. “No, me dijo que faltaba alguna factura”, ha reiterado.

“El dinero siempre lo he entregado”, se ha defendido esta empleada, quien ha asegurado que después de esa conversación con la gerente recién nombrada no hubo más problemas, ya que empezaron a hacer la caja entre las dos.

La actual gerente de la sociedad Cementerio Jardín, que está encargada de la comercialización de las unidades y servicios que se prestan en el Cementerio de Ciriego, ha señalado que la “misión” de la acusada era “cerciorarse” de que las facturas emitidas al cobrar por los servicios se correspondieres con el dinero que hubiese en la caja en la que se guardaban esas cantidades, además de hacer el arqueo de cuentas.

“Su respuesta siempre era la misma, que no sabía”, ha asegurado, tras señalar que al darse cuenta del descuadre al asumir su nuevo cargo comprobó todas las facturas de 2011 y preguntó a los empleados por ellas.

La concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial de Santander y vicepresidenta de sociedad, Ana María González Pescador, también ha testificado en la vista que ha tenido lugar hoy, en la que ha explicado el procedimiento que se siguió para investigar las irregularidades cuando se tuvo noticia de ellas.

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