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Actualizado: 19/04/2024
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El juez sigue investigando los pagos por los contratos del cementerio de Santa Catalina de Ceuta

El juez sigue investigando los pagos por los contratos del cementerio de Santa Catalina de Ceuta

Vía: Pueblo de Ceuta

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta continúa trabajando en el marco de unas diligencias incoadas, en el año 2014, tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte del que fuera secretario general del Partido Socialista de Ceuta, José Antonio Carracao.

Una causa que investiga el pago a una empresa ceutí por un total de 210.000 euros. Una cantidad abonada a razón de 21 facturas de 10.000 euros cada una en concepto de mantenimiento del cementerio de Santa Catalina entre los años 2009 y 2012.

Por el momento hay dos personas imputadas, como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa, en esta investigación. Por un lado, el exdiputado y exconsejero de Hacienda, Francisco Márquez, quien acudía el pasado martes a los juzgados de Serrano Orive para prestar declaración por este asunto. Márquez había sido llamado a declarar ya en febrero de este año aunque, en aquel momento, no fue posible notificarle la citación judicial.

Un testimonio que concluyó con Márquez descargando la responsabilidad en otra de las áreas de la Ciudad, en este caso la Consejería de Presidencia que, en el año 2009, estaba en manos del fallecido Pedro Gordillo. Igualmente, el exdiputado señaló en su declaración que desde octubre de 2011, y para quitarle trabajo, las competencias en materia de contratación estaban delegadas en otra persona.

Y es que el germen de estas pesquisas se encuentra en dos actuaciones directamente vinculadas: la construcción de nichos en el cementerio, cuyas obras fueron encomendadas a otra empresa ceutí mediante un decreto de emergencia con fecha de abril de 2009 y a consecuencia de las inundaciones producidas meses antes, y el mantenimiento derivado de esas obras.

Así, la adjudicataria de la construcción de estos nichos quedaría fuera de toda sombra de sospecha puesto que, efectivamente, existía ese decreto urgente que permitía llevar a cabo las actuaciones sin procedimiento. El representante de esta empresa también ha testificado por lo sucedido. Lo hizo para declarar que no se había producido ninguna subcontrata para el mantenimiento, a pesar de que, si se hubiera realizado, esta habría sido perfectamente válida.

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