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Actualizado: 27/03/2024
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Trabajadores del cementerio de San Fernando impiden la entrada a una empresa contratada por el Ayuntamiento de Sevilla

Trabajadores del cementerio de San Fernando impiden la entrada a una empresa contratada por el Ayuntamiento de Sevilla

Los trabajadores municipales del cementerio de San Fernando han «frenado», el pasado lunes, la llegada de un equipo de trabajo perteneciente a una empresa contratada por el Ayuntamiento de Sevilla, pues según el colectivo de trabajadores dicho equipo se disponía a acometer en el cementerio «labores propias» de la plantilla municipal, que critica que sus vacantes no sean cubiertas por criterios de austeridad, pero sí medien fondos para contratar empresas como la ya citada.

Manuel Loza (CCOO), presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, ha informado que durante el fin de semana, una empresa contratada por el Ayuntamiento realizó en el cementerio de San Fernando algunas labores asignadas a la plantilla del servicio municipal de cementerio, principalmente «trabajos de jardinería», toda vez que actualmente, el cementerio de San Fernando cuenta con «tres jardineros de los cinco que necesita» y tales plazas no habrían sido cubiertas.

Loza ha recordado la tasa cero de reposición de efectivos que pesa sobre el Ayuntamiento merced a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aspecto que admite exenciones gracias a la declaración de servicios esenciales en el caso de los puestos a cubrir, y ha considerado contradictorio que el Consistorio alegue la austeridad y la falta de recursos para no cubrir las vacantes de la plantilla municipal, pero «contrate a una empresa privada para acometer labores encomendadas a los trabajadores municipales».

Cuando el equipo de esta empresa privada ha regresado este lunes por la mañana al cementerio, según Loza, los trabajadores del mismo, apoyados por el comité de empresa, han «frenado» a este grupo de empleados y han impedido que realicen las labores contratadas, celebrando después una asamblea. Y es que, a juicio de Loza, se trata de una «agresión» al empleo público. Por eso, han emprendido contactos con las autoridades locales para reclamar «explicaciones».

 

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