Vecinos de Valdemoro continúan con sus protestas por la proximidad del crematorio con sus viviendas

El Ayuntamiento de Valdemoro gobernado por el PP (Comunidad de Madrid) firmó la privatización del cementerio municipal el pasado 7 de enero. La gestión, hasta ahora pública y que arrojaba cerca de 10.000 euros de beneficio, pasó a manos de las sociedades Príncipe 6 Servicios y Santra Gestión para un período de 20 años.

A cambio, las empresas no solo ampliarían el camposanto con 78 unidades de enterramiento, sino que entregarían a la Administración el 5% de sus ganancias anuales. Sin embargo, la adjudicación escondía una sorpresa: la apertura de un nuevo crematorio cuya actividad evitará la fuga de ‘clientes’ a las instalaciones de las vecinas localidades de Pinto y Ciempozuelos, multiplicando así los beneficios de las concesionarias. El horno se situará apenas medio kilómetro de los centros educativos Los Paraísos, Fuentes de la Villa, Cristo de la Salud y Neil Armstrong.

Además, estará a la misma distancia de los espacios deportivos Juan Antonio Samaranch y Bolitas del Airón y junto al Parque Natural Bolitas del Airón, catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) dentro de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. «Nos enteramos por la revista municipal y nos organizamos inmediatamente. Reunimos información y vimos que las partículas que genera la cremación (dioxinas bencenos, metales pesados) pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer o malformaciones en el caso de los bebés», alerta Javier.

Otra de las preocupaciones es que las adjudicatarias carecen de experiencia en el sector. Príncipe 6 tenía como actividad declarada los servicios de peluquería de caballeros, señoras e instituto de belleza. Santra Gestión se dedicaba al estudio, promoción, realización y ejecución de toda clase de obras de construcción, mejoras y conservación de espacios privados y públicos. La Organización Mundial de la Salud incluye las dioxinas y los residuos de la cremación en el grupo de productos químicos peligrosos. Sin embargo, los estudios nacionales e internacionales sobre los efectos que provocan en la salud no son homogéneos ni concluyentes.

El Ayuntamiento defiende el crematorio y alega que el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid no obliga a establecer ninguna separación entre los crematorios y las zonas con alta densidad de población, por lo que el portavoz municipal, Javier Hernández, ha acusado a la oposición de «sembrar la alarma» de forma injustificada. Los residentes de La Estación recorrieron este domingo en manifestación los dos kilómetros que separan el cementerio del Ayuntamiento. «Queremos que el alcalde nos escuche. Nos han tenido al margen y nadie nos ha pedido opinión.

El Ayuntamiento solo quiere coger los 1,5 millones que la empresa le ha dado por adelantado y el resto le da igual», insisten desde la asociación de vecinos. La agrupación local del PSOE ha llevado el caso ante el Defensor del Pueblo. IU presentó una moción urgente para paralizar el contrato y solicitó la creación de una comisión informativa en la que participasen concejales, vecinos y expertos sanitarios, pero el PP rechazó ambas propuestas. «No está previsto cambiar la ubicación o cancelar el proyecto. El cementerio situado a las afueras del casco urbano y en una cota más elevada. Es la mejor de las ubicaciones posibles», justifica el equipo de gobierno.